Los convencionales lograron aprobar tres iniciativas que presentan un nuevo sistema público de salud, con características universales y de gratuidad.
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La Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional aprobó en general una serie de artículos relativos a los derechos a la salud y la educación.
Con 16 votos a favor, 12 en contra y 3 abstenciones, la instancia aprobó una iniciativa de norma popular que fue ingresada por la Confederación Nacional de Profesionales Universitarios de los Servicios de Salud (Fenpruss) que consagra el derecho a la salud.
El texto consagra que "el Estado de Chile reconoce el derecho de toda la población al disfrute del más alto nivel posible de salud física, mental, espiritual, sexual y reproductiva de acuerdo a su origen cultural, y en un medioambiente saludable".
Además, establece la creación de un sistema de salud universal que se financie "a través de un fondo único que mancomune las cotizaciones de la población con impuestos generales. Estos se destinarán íntegramente a este sistema, avanzando hacia un modelo de financiamiento basado en impuestos generales de carácter progresivo y bajo los principios de la seguridad social".
Otro texto aprobado (18-11-4) corresponde a una propuesta de "derecho a la salud integral" y fue ingresado por Colectivo Socialista, Frente Amplio e Independientes No Neutrales.
Establece un sistema de salud financiado mediante "rentas generales de la nación", a las que se podría sumar el cobro obligatorio de cotizaciones a empleadores y trabajadores "con el solo objeto de aportar solidariamente al financiamiento de este sistema".
La iniciativa también indica que los sistemas de salud de las Fuerzas Armadas y de Orden y Seguridad, así como los sistemas contra accidentes del trabajo, se deben incorporar a este sistema de salud en no más de 2 años desde que entre en vigencia la nueva Carta Magna.
Respecto a la educación, la comisión aprobó (19-12-2) un artículo que establece que los pueblos originarios tienen derecho a establecer sus sistemas de educación ancestral. "Es deber del Estado fomentar y garantizar el financiamiento de la educación propia ancestral sin intervenirla, de tal manera que se implemente adecuadamente este derecho”, consigna el documento.
También se validó que Chile “reconoce a los educadores ancestrales de los pueblos indígenas y promueve su enseñanza”.
En tanto, la instancia rechazó la propuesta que establecía el reconocimiento dela educación “como derecho de todo ser humano de adquirir conocimientos que permitan su desarrollo pleno e integral, y para el desenvolver sus capacidades y potenciales”.
Asimismo, también desestimó la norma que establecía una educación “pública, gratuita y de calidad con pertinencia cultural y territorial”.
Tampoco se visó la iniciativa que establecía el derecho a recibir una educación sexual integral desde la edad en que las personas pueden "disfrutar plenamente y con dignidad el relacionarse entre pares; entablar relaciones sociales y sexuales basadas en el respeto; prevenir situaciones de riesgo y abuso sexual, desarrollando con información sus proyectos de vidas, y el derecho a la información sexual y reproductiva”.
Además, tampoco se aprobaron las propuestas del "derecho preferente de los padres a elegir la educación para sus hijos", de Acción Educar; y la que instauraba la libertad de enseñanza como derecho educacional, de Educación Libre y Diversa.
PURANOTICIA
