Con 15 votos a favor para cada una, la instancia visó tres normas relativas a la creación de una Corte Constitucional, la cual reemplazaría al actual TC.
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La Comisión de Sistemas de Justicia de la Convención Constitucional aprobó una serie de artículos relativos al control constitucional, labor que ahora cae sobre el Tribunal Constitucional (TC).
Con 15 votos a favor para cada una, la instancia visó tres normas relativas a la creación de una Corte Constitucional, la cual reemplazaría al actual TC.
Según la iniciativa ingresada por Independientes No Neutrales, Colectivo Socialista y Pueblo Constituyente, la Corte Constitucional será un organismo autónomo, técnico, profesional, independiente e imparcial, cuyas resoluciones estarán "fundadas únicamente en razones de derecho y gozan de eficacia de cosa juzgada".
De acuerdo a dicho texto, la nueva Corte estará conformada con criterios paritarios y de equidad de género por quince jueces y juezas. Durarán nueve años o hasta que cumplan 75 años y se renovarán por parcialidades de tres años. El presidente de la instancia será escogido por sus pares y se mantendrá dos años en el cargo.
Un tercio de los jueces será elegido por el Congreso, dos serán propuestos por la Cámara de Diputados para su aprobación o rechazo en la Cámara Territorial, y tres serán nombrados directamente por esta última.
La segunda propuesta de justicia constitucional fue ingresada convencionales de Colectivo Socialista y Colectivo del Apruebo y también considera la creación de la Corte, pero con once jueces en lugar de quince.
En este caso, el Congreso nombrará cinco jueces, el Senado cuatro, la Cámara de Diputados tres, la Presidencia de la República dos y el Consejo de la Judicatura cuatro.
En tanto, el tercer texto que busca instalar la Corte Constitucional fue propuesto por Pueblo Constituyente y un grupo de escaños reservados. Establece que la entidad tenga once jueces, cuyo "nombramiento se realizará previa convocatoria pública, abierta y transparente del órgano que corresponda realizar la elección, con al menos seis meses de anticipación".
Esta iniciativa establece que tres jueces sean electos por el Parlamento Plurinacional, tres por la Presidencia de la República, tres por el Consejo de Justicia, y dos provenientes de los pueblos indígenas.
"La ley determinará los requisitos y establecerá un proceso participativo con los pueblos para generar el mecanismo de nombramiento, que estará a cargo del Consejo de Pueblos Indígenas", consigna el texto.
Por otro lado, se ingresó una iniciativa que establece que el control de la constitucionalidad será potestad de la Corte Suprema.
"La Corte Suprema, en sala especialmente constituida y formada por nueve jueces y juezas elegidos por sorteo, podrá declarar, a petición del tribunal que conoce de una gestión judicial, la inaplicabilidad de un precepto legal cuya aplicación en el asunto que se sigue ante ese tribunal tenga efectos contrarios a la Constitución", consigna la norma propuesta por el constituyente Christian Viera, independiente del Frente Amplio.
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