La oposición pidió las opiniones del Consejo Fiscal Autónomo por el financiamiento del proyecto y de la contralora Dorothy Pérez por las disposiciones de "amarre".
Luego de tres sesiones, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó por 8 votos a favor y 5 en contra la idea de legislar el proyecto que otorga un reajuste general de remuneraciones a los trabajadores del sector público.
Si bien, se trató de llegar a un apoyo unánime, legisladores de RN, UDI y Republicanos rechazaron el proyecto porque insistieron que era necesario contar previamente con las opiniones técnicas.
Concretamente, la oposición pidió las opiniones del Consejo Fiscal Autónomo (CFA) por el financiamiento del proyecto y de la contralora general de la República, Dorothy Pérez, por las disposiciones de "amarre". Fueron invitados para el próximo lunes 12.
Sobre el amarre, el proyecto establece que la no renovación de una contrata o su renovación en condiciones distintas “debe formalizarse mediante un acto administrativo que exprese los fundamentos de hecho y de derecho que informan la decisión, sustentado en criterios objetivos y suficientemente acreditados”.
En cuanto al financiamiento, en tanto, el reajuste implica un desembolso de US $1.667 millones en 2026, US$1.275 millones en 2027 y US $1.270 millones una vez que entre en régimen. Específicamente, se otorga un reajuste general de 2,0%, a contar del 1 de diciembre de 2025 a las y los trabajadores del sector público. Luego, a contar del 1 junio de 2026, se otorgará un reajuste de un 1,4%, constituyendo un reajuste total de 3,4%.
En términos generales, en las sesiones se cuestionó el financiamiento del proyecto y las respuestas entregadas por el Ejecutivo respecto de la provisión mediante reasignación de recursos. Quienes rechazaron, consideraron que era una irresponsabilidad avanzar con la votación si no existe la información sobre la totalidad de los montos. Del mismo modo, el escaso tiempo para analizar las 129 normas que contiene este proyecto de ley.
En contraste, diputados de partidos de Gobierno alertaron que hay intentos por desmantelar al sector público. Así también, se defendió que pueden existir diferencias en algunas materias, pero no se puede desconocer la necesidad de aprobar un reajuste de las remuneraciones de los funcionarios públicos.
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