La iniciativa, que incluye 40 medidas como rebajas tributarias y exenciones de IVA, superó su primer trámite legislativo y ahora será revisada por las comisiones de Trabajo y Medio Ambiente.
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Por 8 votos a favor, 4 en contra y una abstención, la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados aprobó la idea de legislar por el proyecto de Reconstrucción Nacional.
Se pronunciaron a favor los diputados Agustín Romero (Republicano), presidente de la instancia, Jaime Coloma (UDI), Eduardo Durán (RN), Pier Karlezi (PNL), Felipe Ross (Republicanos), Flor Weisse (UDI), José Carlos Meza (Republicanos) y Diego Schalper (RN).
En contra lo hicieron Jorge Brito (FA), Carlos Bianchi (IND-PPD), Priscilla Castillo (DC) y Boris Barrera (PC). La única abstención fue de Zandra Parisi (PDG).
Tras este paso, el texto fue derivado a las comisiones de Trabajo y de Medio Ambiente.
Alcanzar el año 2030 con un crecimiento económico cercano al 4% anual, un desempleo del 6,5% y un equilibrio estructural en las cuentas fiscales constituye la meta principal de este plan. Para lograrlo, el Gobierno diseñó un paquete de 40 medidas orientadas a mejorar las remuneraciones, reactivar el crecimiento y otorgar seguridad social a las familias chilenas. El articulado se sostiene en cuatro grandes ejes:
Para dinamizar el rubro de la construcción y dar salida a un inventario de aproximadamente 100.000 propiedades frenadas por los altos costos y la falta de compradores activos, se instaurará una exención opcional y transitoria del IVA en la comercialización de viviendas nuevas. Esta rebaja directa al precio de compra, que busca acercar el sueño de la casa propia a miles de familias, tendrá una vigencia de 12 meses desde su implementación. La normativa abarcará inmuebles con recepción parcial o final, integrando estacionamientos y bodegas siempre que se vendan en el mismo acto.
En paralelo, el proyecto introduce la eliminación del impuesto territorial (contribuciones) para las personas mayores de 65 años, aplicable exclusivamente a su primera vivienda. Como reconocimiento al esfuerzo de toda una vida, esta exención total regirá sobre la residencia habitual del contribuyente. Si el propietario posee dos o más bienes raíces en el territorio nacional, estará obligado a declarar cuál de ellos constituye su vivienda principal. Para no afectar a las regiones, el Estado compensará estos ingresos mediante aportes adicionales al Fondo Común Municipal. La entrada en vigencia de esta medida dependerá de la fecha de publicación de la ley: si ocurre en el primer semestre, arrancará el 1 de julio de ese mismo año; en caso contrario, comenzará el 1 de enero del año siguiente.
Frente a una tasa de desempleo que se sitúa en un 8,3%, el Gobierno implementará un crédito tributario enfocado en la protección del empleo formal. Este mecanismo operará como un subsidio directo que reducirá los costos de contratación tanto para grandes empresas como para pequeñas y medianas empresas (Pymes). El beneficio cubrirá remuneraciones de entre 7,8 UTM (aprox. $545.000) y 12 UTM (aprox. $838.000). Para los sueldos de 7,8 UTM, el crédito será equivalente a un 15%, disminuyendo progresivamente hasta llegar a un 0% para los salarios que superen las 12 UTM. Al permitir reducir el pago mensual de PPM e IVA, el empleador obtendrá liquidez inmediata justo antes de pagar sus impuestos. Se estima que esta inyección masiva aportará US$ 1.400 millones anuales al sistema productivo, beneficiando a más de 4 millones de trabajadores.
Sin duda, el eje más polémico de este proyecto es la reforma tributaria que busca una modernización del sistema impositivo, marcada por la rebaja del Impuesto de Primera Categoría (IDPC) del 27% al 23% y la reintegración del sistema. Contrario a lo que se podría pensar, según el Gobierno, esta disminución no es para los dueños de las empresas, sino un incentivo para la reinversión. Al mantener los impuestos finales a las personas (hasta un 40%) y reducir el tributo corporativo, se vuelve más atractivo dejar el dinero dentro de la empresa para contratar más personal o comprar maquinaria que retirarlo como ganancia personal. Sumado a esto, para 2031 se recuperará la integración total del sistema, permitiendo que los emprendedores descuenten de sus impuestos personales el 100% de lo pagado por su empresa, terminando con la discriminación actual hacia quienes generan rentas del capital frente a las del trabajo. En el caso de las Pymes, se mantendrá el régimen de reducción transitoria de la Ley 21.755 (12,5% entre los años comerciales 2026 y 2027, y 15% en 2028).
Apuntando a la "permisología" como un factor importante del estancamiento económico que detiene proyectos por años, las medidas incluyen drásticas modificaciones. En primer lugar, el tiempo para que la administración invalide un permiso sectorial bajará de 2 años a solo 6 meses, dando certeza inmediata a sectores como minería, energía, obras públicas y construcción. Además, se habilitará un seguro para proyectos aprobados: si una iniciativa con Resolución de Calificación Ambiental (RCA) es anulada posteriormente en tribunales, existirá un mecanismo de reembolso de gastos ejecutados. Esto busca evitar que el miedo a la incerteza jurídica frene la inversión inicial. Esta medida tiene un impacto acotado sobre las arcas fiscales, ya que se reembolsa sólo lo que se alcanzó a ejecutar entre la calificación ambiental y la revocación, lo que en proyectos grandes suele ser una fracción de la inversión total.
Con el propósito de financiar los $400 mil millones adicionales destinados a la reconstrucción de Ñuble y Biobío, el proyecto no recurre a deuda desmedida, sino a mecanismos de recaudación eficientes y transitorios. Uno de ellos es la repatriación de capitales, que ofrece una tasa del 10% para declarar bienes en el extranjero de forma voluntaria (por 12 meses desde el primer día del tercer mes siguiente a la publicación de la ley). Esta rebaja llegará al 7% si el dinero vuelve a Chile por al menos 8 años (dentro de los primeros 3 años desde la publicación). Paralelamente, se crea una ventana de 12 meses para el impuesto a las donaciones, donde se pagará solo el 50% del impuesto habitual, buscando captar recursos de grandes patrimonios de manera inmediata. Aunque se paga la mitad, el crédito imputable al futuro impuesto a la herencia se mantiene por el 100% del impuesto determinado. La donación queda eximida del trámite de insinuación judicial y deberá señalarse la composición del patrimonio del donante por medio de una declaración jurada ante el SII. En ningún caso se podrá donar más del 75% del patrimonio, debiendo efectuarse respetando los porcentajes que pueden asignarse a los legitimarios (cónyuge, padres e hijos) y a los asignatarios de la cuarta de mejoras (nietos y los legitimarios).
Finalmente, se establece la suspensión por 4 años del ingreso de nuevas instituciones a la gratuidad. Según el Gobierno, esta medida busca estabilizar un gasto que crecía a tasas insostenibles para el presupuesto nacional.
PURANOTICIA
