La fiscalía sitúa a Claudia Bustamante, sargento con casi 30 años de servicio, como pieza clave en el asalto a Brinks ocurrido en agosto de 2024.
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Durante años, Claudia Bustamante forjó una carrera al interior de Carabineros en Rancagua, llegando a ejercer funciones de mando en la Subcomisaría Diego Portales. Hoy, esa trayectoria es la que la fiscalía sitúa en el centro de uno de los delitos más impactantes del último tiempo: el asalto a una sucursal de Brinks en agosto de 2024, donde una banda de 20 sujetos robó $11 mil millones.
Según la investigación, su nombre no apareció desde el inicio. Los persecutores sabían que existía una mujer con rol de liderazgo entre los involucrados, pero su identidad se mantenía difusa. En los relatos se repetían apodos como “la mami” o “la jefa”, asociados a una figura que operaba con cautela y sin exponerse directamente.
La incógnita comenzó a despejarse cuando los propios imputados —actualmente en prisión preventiva— entregaron declaraciones que terminaron por apuntar a Bustamante, 47 años y sargento con casi tres décadas de servicio. Su vínculo no solo se relacionaría con el robo consumado en Brinks, sino también con un asalto frustrado a Prosegur, planificado en enero de 2024.
De acuerdo con los antecedentes reunidos, el rol de la carabinera no habría sido solo entregar información. La fiscalía sostiene que cinco carabineros ejecutaron acciones para retrasar o impedir la llegada de refuerzos policiales, y que dichas maniobras se habrían realizado bajo el conocimiento y coordinación de su superior.
Para evitar ser identificada, Bustamante habría utilizado distintos nombres como Paola, Andrea o Rosa, además de mantenerse fuera de registros visuales. En reuniones de planificación, incluso habría optado por no bajar de su vehículo y delegar el contacto directo en subalternos. Por estas coordinaciones, los carabineros involucrados habrían recibido pagos cercanos a los $200 mil.
La investigación también menciona la relación de la sargento con Matías Vargas Bueno, imputado con prontuario por robos millonarios en la zona. Según fuentes del caso, él portaba el arma usada en el asalto a Brinks, la misma que luego fue vinculada a un ataque contra la exministra del Interior Izkia Siches en 2022.
Actualmente, la fiscalía mantiene diligencias pendientes consideradas clave: tomar declaración a Bustamante y solicitar el alzamiento de su secreto bancario. Mientras tanto, el paradero del dinero sigue siendo una incógnita y no se descarta que aparezcan nuevos funcionarios involucrados. La defensa, en tanto, insiste en que ella estaba de vacaciones el día del asalto y que no existe evidencia material, solo testimonios de coimputados.
PURANOTICIA
