La decisión judicial se suma a los antecedentes de graves negligencias denunciadas por la Fiscalía de Arica.
La Corte de Apelaciones confirmó el pasado viernes las prisiones preventivas de cuatro exmiembros del Ejército y decretó una quinta medida cautelar de privación de libertad en el marco del caso del conscripto Franco Vargas, fallecido el 27 de abril de 2024 durante una marcha de instrucción militar en la localidad de Putre, región de Arica y Parinacota.
Las prisiones preventivas ratificadas corresponden al excomandante Claudio Guajardo, los extenientes Björn Wohllk y Bastián Troncoso, y el exenfermero militar Manuel Zambrano. En tanto, el tribunal resolvió revocar el arresto domiciliario total del excapitán Michael Fritz, dictando en su contra la prisión preventiva, tras considerar los antecedentes expuestos por el Ministerio Público.
Durante la audiencia de formalización realizada el 17 de diciembre, el fiscal regional de Arica, Mario Carrera, detalló una serie de graves negligencias en las que habrían incurrido los militares, quienes fueron dados de baja tras la muerte del conscripto. Según la investigación, el cuartel donde se inició la marcha se encontraba en condiciones de semiabandono, obligando a los jóvenes a pernoctar en hacinamiento y sin condiciones mínimas de salubridad.
El fiscal sostuvo que los conscriptos bebieron agua en malas condiciones, convivieron con fecas de ratones y fueron sometidos a malos tratos físicos y psicológicos. Además de la muerte de Franco Vargas, otros seis conscriptos resultaron con lesiones graves tras la exigente caminata en altura.
De acuerdo con los antecedentes presentados, Vargas sufrió tres desmayos durante la marcha y recibió atención médica en condiciones que incluso fueron cuestionadas por el propio enfermero militar y otros funcionarios del Ejército, tal como quedó reflejado en la reconstitución de escena expuesta ante el tribunal. Tras la audiencia, el fiscal Carrera afirmó que “se dieron por acreditados todos y cada uno de los hechos en la forma en que lo planteó el Ministerio Público”, agregando que también quedaron establecidos “todos los supuestos materiales y delitos” imputados en la formalización.
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