La fundación realizó un nuevo balance evaluando el grado de avance legislativo de las normativas.
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La fundación Chile Transparente presentó un informe sobre el grado de cumplimiento de las 46 medidas propuestas por la llamada “Comisión Jaraquemada”, creada tras el caso Convenios.
El documento concluye que “este balance final permite concluir que el Gobierno de Gabriel Boric deja un legado normativo significativo en materia de integridad pública, aunque incompleto”.
La instancia, presidida por la abogada María Jaraquemada, trabajó durante 45 días con seis comisionados. Entre sus recomendaciones figuraba mejorar la relación y las transferencias entre el Estado y fundaciones sin fines de lucro.
Sin embargo, el informe advierte que “las reformas iniciadas constituyen un piso importante, pero requieren continuidad política y técnica para consolidarse como un verdadero cambio estructural en relación entre Estado y las instituciones privadas sin fines de lucro”.
El estudio registra un progreso general del 63%, tres puntos más que en febrero. De las 46 medidas, 29 presentan algún grado de implementación. No obstante, se aclara que “en varios casos, los progresos se asocian principalmente a acciones administrativas, elaboración de estudios o comunicaciones formales entre instituciones, sin que se observen aún resultados plenamente concretos o consolidados”.
Grado de progreso de propuestas:
Por actores responsables, el Congreso Nacional alcanza un 47% y el Ejecutivo un 64%.
El informe subraya que “se observa un avance sustantivo en la unificación y armonización del marco regulatorio de las instituciones sin fines de lucro (...) El Ejecutivo ingresó proyectos de ley que modernizan el régimen normativo de corporaciones y fundaciones, fortaleciendo la fiscalización y creando registros con estándares de datos abiertos”.
También se valoran medidas como el umbral de 1.500 UTM para intensificar controles, la obligación de publicar estados financieros y convenios en sitios web, el fortalecimiento del Registro de Personas Jurídicas Receptoras de Fondos Públicos y la proyección de una Unidad Sancionatoria en el Ministerio de Justicia.
El balance identifica “avances mínimos” en el caso de entidades religiosas sin fines de lucro. Además, se señala que “la Oficina Presupuestaria del Congreso Nacional se fortaleció solo de manera parcial, funcionando más como apoyo técnico a través de glosas que como una institucionalidad autónoma y permanente, lo que limita su impacto”.
Quedaron pendientes el estudio sobre tercerización de servicios públicos y la vinculación de objetivos país con el presupuesto, que “no se materializó en una política clara”.
Grado de avance por áreas de trabajo:
Finalmente, el informe enfatiza que “este esfuerzo responde directamente a las críticas surgidas tras el caso Convenios, y marca un cambio estructural hacia un sistema más transparente y con mayores controles exante y expost”.
PURANOTICIA
