El académico de la Universidad Adolfo Ibáñez, Fernando Wilson, advierte que el país enfrenta un vacío estructural para la gestión posterior a las catástrofes y plantea la urgencia de empoderar una autoridad técnica con facultades reales para la reconstrucción y la atención de damnificados.
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Chile ha enfrentado en los últimos años una serie de catástrofes naturales que han afectado gravemente a distintas zonas del país. Por ejemplo, en febrero de 2024, un megaincendio golpeó a Viña del Mar, Quilpué y Villa Alemana, dejando extensos daños, miles de damnificados y 138 fallecidos. En enero de este año, incendios forestales afectaron las regiones del Biobío y Ñuble, dejando más de 20.000 personas han resultado afectadas y 21 personas fallecidas. A estos hechos se suman las inundaciones por intensas lluvias registradas el 31 de enero en la Región Metropolitana, con deslizamientos de tierra, desbordes de canales y viviendas anegadas. O en años anteriores como los aluviones ocurridos en 2021 en el Cajón del Maipo y en San Vicente de Tagua Tagua, evidenciando la reiteración de emergencias de gran impacto en el país.
La recurrencia de estas catástrofes en el país ha evidenciado, según el académico Fernando Wilson, de la Universidad Adolfo Ibáñez, una debilidad estructural del Estado en la etapa posterior a los desastres. A su juicio, el país carece de una institucionalidad sólida para abordar la reconstrucción y la gestión de los damnificados. “Debemos crear una institucionalidad post catástrofes”, afirmó en entrevista con Puranoticia Matinal.
Wilson sostuvo que uno de los principales obstáculos es la falta de voluntad política dentro del propio aparato estatal. “Ninguno de los ministerios sectoriales quiere ceder poder, pero a la vez ninguno quiere asumir responsabilidad”, señaló, describiendo una dinámica que, a su juicio, termina por neutralizar a los organismos encargados de la gestión de emergencias.
En ese contexto, explicó que tanto la ex ONEMI como el actual Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) enfrentan limitaciones estructurales. “Eso lleva a una situación de perro del hortelano que hace que este tipo de órganos quede absolutamente neutralizado”, indicó. Agregó que Senapred está diseñado principalmente en base a la experiencia del terremoto del 27F y responde mejor a catástrofes de corta duración.
“Un terremoto es un evento de muy corta duración, un par de minutos, y luego viene la gestión de la catástrofe”, explicó. Sin embargo, advirtió que este enfoque no se ajusta a emergencias prolongadas. “El problema de los incendios es que son una catástrofe continua, donde se debe combatir el desastre mientras, al mismo tiempo, se comienza a manejar la situación de los damnificados”. Según Wilson, lo mismo ocurre con inundaciones y lluvias intensas.
En este escenario, el académico fue enfático en señalar que Senapred no cuenta con las capacidades necesarias para abordar la fase posterior al desastre. “Senapred no tiene las capacidades operativas para poder entrar en el segundo momento, y además ningún ministerio quiere asumir esa responsabilidad”, afirmó.
Respecto a la discusión sobre crear nuevos organismos, Wilson planteó una alternativa distinta. “Más que crear nuevos órganos, mi opinión personal es entregarle las facultades al órgano más capacitado que existe hoy”, sostuvo. En ese sentido, mencionó al Ministerio de Vivienda y Urbanismo y al Ministerio de Obras Públicas como las instituciones con mayor capacidad técnica, proponiendo incluso “crear un órgano de coordinación entre estos dos ministerios, utilizando las plantas técnicas ya existentes, que intervenga inmediatamente sobre la base de un procedimiento previamente regulado”.
Sobre el origen de una eventual reforma, Wilson descartó que esta surja exclusivamente desde el Congreso. “El Parlamento está fuertemente desprestigiado, y cualquier iniciativa de este tipo va a perder legitimidad por el solo hecho de provenir desde ahí”, señaló. Además, recordó que “el Parlamento no puede legislar por iniciativa propia procesos que generen gasto público; eso tiene que ser una iniciativa presidencial”.
En ese marco, propuso una fórmula mixta. “La forma más razonable sería una coordinación entre el Ejecutivo y las principales bancadas del Congreso para producir un proyecto consensuado, que tenga una tramitación más rápida”, indicó, agregando que este enfoque permitiría abordar la reconstrucción desde una mirada más amplia y multidimensional.
Finalmente, el académico enfatizó que una institucionalidad post catástrofe no puede limitarse a la entrega de ayuda material. “Mucho más que tener stock de elementos, es tener tremendamente bien levantadas las condiciones urbanas y sociales de los territorios donde se va a intervenir”, afirmó. Esto incluye, explicó, conocer previamente la cantidad de personas afectadas, la infraestructura crítica y las redes de servicios básicos que deben ser restauradas.
“Es un trabajo de planificación mucho más sofisticado que simplemente salir a repartir bienes”, concluyó Wilson, recalcando que Chile, con un promedio de varias catástrofes al año, necesita avanzar hacia una estructura técnica permanente y especializada para enfrentar de mejor manera el escenario post desastre.
PURANOTICIA
