El Consejo de Defensa del Estado se sumó a la acción del municipio y presentó una querella por fraude al Fisco y falsificación de instrumento privado ante el Octavo Juzgado de Garantía.
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El programa “Vacaciones Merecidas”, destinado a adultos mayores de Ñuñoa, se convirtió en el centro de una investigación judicial. La administración del alcalde Sebastián Sichel (Ind) presentó en julio pasado una querella por presunto fraude al Fisco durante la gestión de su antecesora, Emilia Ríos (FA).
El Consejo de Defensa del Estado (CDE) se sumó esta semana a la acción del municipio y presentó una querella por fraude al Fisco y falsificación de instrumento privado ante el Octavo Juzgado de Garantía. El escrito, de 18 páginas y elaborado por el procurador Marcelo Chandía, fue declarado admisible y solicita que diversos funcionarios de la administración de Ríos sean citados a declarar.
La iniciativa contempla viajes de tres noches y cuatro días a Olmué, con alojamiento y alimentación incluidos. Según el CDE, la municipalidad gastó $118 millones en 2022, la misma cifra en 2023 y $300 millones en 2024, año en que se realizaron diez viajes.
El organismo detectó irregularidades: “se observó que no coincidían la fecha de los viajes con la programación y el monto de la factura”. Además, se pagó un viaje que no se concretó y “en otros viajes se emiten facturas respecto de viajes que no tienen registros de programación”.
La querella del municipio apunta al Inspector Técnico de Servicios, Jorge Díaz Mujica: “certificó unilateralmente la recepción de servicios sin respaldo documental suficiente, validando pagos con cargo a fondos públicos sin verificación objetiva”. Según el escrito, su rol lo ubica como autor o cooperador necesario del fraude.
El municipio también responsabiliza a la empresa hotelera proveedora: “emitió facturas por servicios no realizados o con datos falsificados, constituyéndose en autores materiales del fraude al Fisco”.
Asimismo, se acusa a funcionarios encargados de aprobar pagos de haber “omitido la fiscalización adecuada o no objetaron irregularidades en los plazos correspondientes”, lo que los convierte en posibles coautores o cómplices por omisión.
Ambas querellas mencionan a representantes de empresas y funcionarios municipales. El CDE pide declarar a Mauricio Rojas, de la empresa hotelera Piemonte, y a Claudio Benavides, de RV Limitada.
Este último habría reconocido que “el acuerdo previo y de palabra con la municipalidad era que se le pagara más de lo que estaba estrictamente contemplado en el contrato de licitación”, incluso rebajando la calidad del servicio contratado.
En cuanto a los funcionarios municipales, el Consejo apunta a Jorge Díaz, Paola Godoy y Víctor Téllez, todos inspectores técnicos vinculados al proceso.
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