El pasado 11 de julio, la institución presidida por el consejero Raúl Letelier ingresó ante la Corte un escrito de adhesión.
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La Corte de Apelaciones de Santiago recibió nuevos antecedentes en el marco del requerimiento de desafuero presentado por la Fiscalía Metropolitana Oriente contra el diputado Joaquín Lavín León (ex UDI), actualmente investigado por presunto fraude al Fisco, tráfico de influencias y financiamiento irregular de campañas.
El requerimiento fue ingresado el 27 de junio por la fiscal Lorena Parra, con el objetivo de habilitar la formalización del parlamentario. El escrito de 120 páginas detalla la investigación liderada por la fiscal Constanza Encina, quien vincula a Lavín León con la empresa familiar Modo 74 y el desarrollo de la plataforma Socialtazk, utilizada en campañas políticas, según consigna La Tercera.
De acuerdo con información entregada por la Fiscalía, la plataforma fue ofrecida por el diputado a más de 70 candidatos de la UDI, a cambio de obtener sus bases de datos. Esta operación habría sido financiada con fondos públicos, involucrando además a asesores parlamentarios del legislador, quienes habrían usado su jornada laboral para alimentar y validar el sistema.
El perjuicio fiscal estimado por esta maniobra asciende a más de $93 millones.
A la solicitud del Ministerio Público se sumó el Consejo de Defensa del Estado (CDE), que actúa como querellante en la causa. El pasado 11 de julio, la institución presidida por el consejero Raúl Letelier ingresó ante la Corte un escrito de adhesión. Este fue aceptado por el tribunal el 29 de julio, oficializando la participación del CDE en el proceso.
El CDE también mantiene una querella presentada tres meses atrás contra Lavín León, su asesor Arnaldo Domínguez y dos proveedores, acusándolos de rendir gastos falsos ante el Congreso para financiar irregularmente su campaña electoral. Se señala un perjuicio adicional de $104 millones.
Por su parte, la Municipalidad de Maipú, encabezada por el alcalde Tomás Vodanovic (FA), también figura como querellante. El municipio solicitó el desafuero del parlamentario el 9 de julio, a través del abogado penalista José Pedro Silva.
Otro de los cargos por los que se solicita el desafuero es el de tráfico de influencias. Según la Fiscalía, Lavín habría ejercido presión sobre funcionarios municipales mientras su esposa, Cathy Barriga, ejercía como alcaldesa de Maipú. A través de su vínculo personal y su posición como diputado, habría intervenido en decisiones administrativas con fines políticos y económicos.
PURANOTICIA
