En el escrito, ingresado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se detalla que Nicolás del Pino Méndez participó en licitaciones ofertando siempre un precio más bajo. Este hecho hizo que su empresa Salaam cerrara varios contratos con el Estado.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por el delito de estafa reiterada en contra de Nicolás del Pino Méndez, un distribuidor de licencias de Microsoft, quien recibió pagos por más de $1.000 millones de casi 30 instituciones fiscales.
En el escrito, ingresado en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago se detalla que el sujeto participó en licitaciones ofertando siempre un precio más bajo. Este hecho hizo que su empresa Salaam cerrara varios contratos con el Estado.
Los contratos que firmó la compañía eran con un plazo mínimo de un año y, a cambio, recibía el pago íntegro sin que prestara la totalidad del servicio.
Según el CDE, las ofertas “carecían de seriedad, ya que no era la intención del querellado dar cumplimiento a sus obligaciones contractuales sino recibir el pago anticipado de los servicios perjudicando a los distintos (...) organismos estatales”.
La acción legal del CDE fue ingresada apenas un par de semanas después que TVN revelara que el primer afectado por Del Pino Méndez fue el Servicio Nacional de Migraciones, que contrató a la empresa Salaam a fines de diciembre de 2025.
Lo propio ocurrió con el Tribunal Constitucional (TC), la Agencia Nacional de Ciberseguridad, la Subsecretaría de Pesca, el MOP, Cochilco, entre otras que fueron sorprendidas por la situación y que no lograron contactarse con Del Pino Méndez cuando buscaron una explicación a lo sucedido.
Desde ese momento, detalló el CDE, descubrieron que Salaam subarrendaba las licencias, pese a que las licitaciones que había ganado lo prohibían expresamente, dejando claro que era “un modelo de negocio insostenible a largo plazo y fraudulento ideado por (...) Nicolás del Pino Méndez”.
Conocidos los antecedentes a raíz de la denuncia del TC, a fines de julio pasado la Unidad de Delitos de Alta Complejidad de la Fiscalía Centro Norte abrió una investigación por el delito de estafa, que hoy por hoy complica la situación procesal del dueño de Salaam.
En rigor, ocurre que no se trataría de una estafa, sino de varias cometidas en un periodo de tiempo. En materia penal este hecho es conocido como exasperación por reiteración y, en efecto, las penas pueden aumentar considerablemente.
También podría implicar que, en una eventual formalización, Del Pino Méndez quede en prisión preventiva.
Las acusaciones del CDE fueron más allá. El MOP, otro de los afectados, contactó a Microsoft para verificar si Salaam era verdaderamente un proveedor y la firma estadounidense respondió que había sido “desvinculado” en julio de 2024.
Así descubrieron que la misiva presentada por Del Pino Méndez en las licitaciones como prueba de blancura era falsa, fundamentalmente porque estaba fechada en noviembre del mismo año. Es decir, posterior al término del nexo entre ambas empresas.
Pero había otro detalle: la directora de Desarrollo de Negocios para Sudamérica de la tecnológica, Analí Vidal, tampoco la había firmado. Y peor aún, la querella del CDE afirma que Microsoft tampoco entrega documentos de ese tipo.
Analí Vidal fue tajante en otro correo electrónico: “Salaam fue reseller indirecto de Microsoft hasta junio del año pasado (2024), fecha en la que se lo desvinculó como miembro del Microsoft Cloud Partner Program”.
Si bien el libelo del CDE no incluye el delito de falsificación de documento privado para lograr contratos con el Estado, es posible que se amplíe la querella a este último ilícito y que Microsoft haga lo propio.
Cuando quedó al descubierto que Del Pino Méndez a través de su empresa Salaam había cometido una presunta estafa, varias de las instituciones intentaron contactarlo, pero no tuvieron suerte, salvo la firma Zona Portátil que se enteró que su deudor había iniciado un proceso de insolvencia ante un tribunal civil.
En la acción judicial interpuesta el pasado 22 de julio, Del Pino Méndez detalla que Salaam “no cuenta con la liquidez necesaria para atender al pago de las deudas contraídas en su condición de deudor y especialmente en su calidad de microempresa”.
En la misma presentación, el querellado asegura que su deuda asciende a más de $992 millones.
Su principal acreedor es Zona Portátil con $650 millones. Le sigue el Banco de Chile con $261 millones y la Tesorería General de la República con poco más de $45 millones.
PURANOTICIA
