El informe de la comisión de la Cámara de Diputados calificó como “cuestionable” y “reactivo” el accionar del CDE ante los casi 50 casos que investiga la fiscalía y los 27 que están radicados en Contraloría.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE), en la persona de su presidente Raúl Letelier Wartenberg, respondió a los cuestionamientos de que fue objeto por parte de la comisión investigadora conformada en la Cámara de Diputados para establecer responsabilidades políticas sobre la asignación directa de recursos a fundaciones.
El informe calificó como “cuestionable” y “reactivo” su accionar ante los casi 50 casos que investiga la fiscalía y los 27 que están radicados en Contraloría.
El CDE se defendió y aseguró que esto “revela una incomprensión del rol del consejo en materia penal y de las necesidades de una investigación criminal eficaz”.
“A raíz del denominado «Caso Convenios», la Fiscalía Nacional investiga 47 fundaciones o corporaciones, y la Contraloría General de la República indaga 10 Gobernaciones Regionales, 16 Secretarías Regionales Ministeriales y a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Mientras, el Consejo de Defensa del Estado ha presentado querellas en cuatro regiones por el caso que ha golpeado la línea de flotación del Gobierno”, sostiene el CDE en una declaración pública.
Con estos antecedentes, recuerda, el informe final de la comisión investigadora de la Cámara determinó que el accionar del CDE respecto a los cuestionados convenios ha sido “cuestionable” y “reactivo”, especialmente en el caso de Democracia Viva, y que “no resulta comprensible” la lentitud de la institución en el ejercicio de acciones judiciales de carácter penal.
“El informe de la Comisión Investigadora de los llamados 'casos convenios' imputa al CDE un accionar ‘cuestionable’ y ‘reactivo’ en el caso Democracia Viva y en casos similares. El documento indica que ‘no resulta comprensible’ la lentitud de nuestra institución en el ejercicio de acciones judiciales de carácter penal”, indica el CDE.
Estas imputaciones “son infundadas” y revelan “una incomprensión tanto del rol del Consejo de Defensa del Estado en materia penal, como de las necesidades de una investigación criminal eficaz que permita sancionar a los responsables de conductas ilícitas”, sostiene el presidente del CDE.
“El Consejo de Defensa del Estado interpone querellas criminales contra personas determinadas cuando las diligencias desarrolladas en los respectivos procesos judiciales dan cuenta de hechos constitutivos de delitos, o bien en casos excepcionales, en que la imputación penal resulta evidente y expresamente reconocida por sus responsables”, agrega la comunicación.
Tan pronto la entidad tuvo conocimiento de los casos referidos, explica, “destinamos un grupo especial de abogados del Consejo para que se abocasen al análisis de esos hechos a lo largo de todo Chile. Cada semana, nuestro Comité Penal evalúa el avance de las referidas investigaciones y los antecedentes nuevos que se van aportando en aquellos asuntos a los cuales tenemos acceso, concluyendo en aquellos casos en que las investigaciones alcanzan un grado razonable de fundamento deducir las respectivas querellas”.
Al respecto, agrega, “debe comprenderse que el Ministerio Público puede adoptar diligencias de investigación en un ámbito de reserva y secreto. Es razonable que en investigaciones en las que, además de otros delitos, se investigan conductas de lavado de activos, se ordene su reserva".
"En la actualidad, parte importante de las referidas investigaciones tienen ese carácter, bien por un tiempo específico, bien por un tiempo máximo de 6 meses en los casos donde se estén investigando delitos enmarcados en la Ley N° 19.913. En esos asuntos y, además, en todos aquellos en que el Ministerio Público no ha remitido justificadamente los antecedentes, el Consejo no tiene conocimiento de parte importante de la investigación penal”, añade.
“Nuestra institución debe adoptar decisiones fundadas y con antecedentes certeros para poder imputarle a una persona determinada la comisión de un delito y pedir a un tribunal, con la seriedad que nos caracteriza, las sanciones penales procedentes”, sostiene el presidente del Consejo.
“En consecuencia, que en el marco de una evaluación política se pretenda emplazar a una institución centenaria, de alto componente técnico y de reconocido actuar riguroso como el Consejo de Defensa del Estado a interponer acciones penales por razones diversas a las derivadas exclusivamente del marco legal y constitucional de la persecución criminal, es un hecho preocupante del que damos cuenta mediante esta declaración”, concluye.
PURANOTICIA
