Sobre la mesa se mantienen las opciones de querellarse por mal uso de gastos reservados -malversación de caudales públicos-, infracción a la Ley de Inteligencia, obstrucción a la investigación y amenazas.
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) mantiene en estudio los antecedentes del «Caso Monsalve» y no ha resuelto si iniciará acciones en su contra por malversación de caudales públicos en cuanto al mal uso de gastos reservados, o por infracción a la Ley de Inteligencia, obstrucción a la investigación y amenazas.
Los antecedentes del caso fueron remitidos el 25 de noviembre por el Ministerio Público al CDE, debido a las implicancias que podrían tener las acciones del exsubsecretario del Interior para el Estado.
Desde entonces, el organismo analiza la eventual comisión de delitos funcionarios, tanto por parte del otrora militante socialista como de otros representantes del gobierno que pudieron tener injerencia, además de efectivos policiales a quienes Manuel Monsalve pidió indagar un eventual “ataque” en su contra, antes de que se interpusiera la denuncia por abuso sexual y violación en su contra.
Según publica La Tercera, el asunto ya ha sido visto por los abogados del Comité Penal y luego por parte de los consejeros que integran esa misma instancia, quienes durante la tarde del jueves 12 de diciembre hicieron un primer estudio acabado de los hechos.
En esa reunión, el CDE ya determinó que carece de legitimación activa para querellarse por el delito de violación, a pesar de que fue el propio presidente del organismo, Raúl Letelier, quien había deslizado en entrevista con CNN que podrían ir por dicha causal, dado que los hechos habrían tenido lugar en contexto de que ambos implicados eran funcionarios públicos y, además, uno subordinado del otro.
Pese a eso, hay otras figuras legales que siguen analizando.
Según comentan conocedores de las exploraciones que está realizando el CDE, sigue sobre la mesa la opción de querellarse por mal uso de gastos reservados -malversación de caudales públicos-, infracción a la Ley de Inteligencia, obstrucción a la investigación y amenazas.
Consultado sobre el proceso que sigue el Consejo, el abogado querellante en la arista gastos reservados del «Caso Monsalve», Luis Cantellano, que representa al diputado RN Andrés Celis, comentó que se reunieron con Letelier “para solicitarle que la institución se hiciera parte en la querella por los delitos funcionarios y se nos manifestó que están estudiando todos los antecedentes y que tomarían una decisión, ya que siguen en reuniones con el Ministerio Público sobre la materia”.
“Es muy importante que el Consejo ejerza las acciones legales que les corresponden en cuanto órgano que persigue las responsabilidades de delitos cuando evidentemente el Fisco se ve vulnerado”, agregó el profesional, junto con insistir en indagar sobre el destino de los gastos reservados.
“Existen situaciones presuntivas de que fueron utilizados para fines personales. Estamos seguros de que recursos estatales como vehículos, personal se destinaron a satisfacer cuestiones personales del exsubsecretario Monsalve”, remarcó Cantellano.
Pero las gestiones que lleva el Comité Penal de CDE no son las únicas que realiza el organismo en torno a este caso, pues otra de sus instancias, el Comité Laboral, también se encuentra recabando una serie de antecedentes.
En ese sentido harán presente ante el 2° Juzgado de Letras de Santiago los 27 documentos que la denunciante pidió en el marco de una medida prejudicial con que prepara su demanda en contra del Estado.
De hecho, ella misma planteó en el escrito que se trata de insumos “indispensables” para acreditar que su empleador, el Fisco, ha “vulnerado” sus derechos.
“Los fundamentos de la solicitud dicen relación con la necesidad de detentar información completa y suficiente respecto de toda la situación que afronto y seguiré afrontando, y con ello acreditar, a mi juicio, las vulneraciones reprochables cometidas por la Subsecretaría del Interior. Asimismo, dicen relación con el objeto de cumplir con el estándar procesal que tiene el procedimiento de tutela laboral”, manifestó la mujer esta acción judicial.
Entre lo requerido pidió copia de los correos electrónicos entre ella y el exsubsecretario del Interior; la agenda laboral de ambos de 2024; información de viajes efectuados por ambos y reservas de hotel; reglamentos, protocolos y procedimientos de investigación en materia de acoso sexual, laboral y violencia en el trabajo; medidas de resguardo implementadas a su favor; el registro de sanciones aplicadas al presunto acosador; comunicaciones internas de la subsecretaría; sumarios, entre otros.
PURANOTICIA
