El juicio más largo de la reforma procesal penal cerró con un fallo absolutorio para los ocho acusados, entre ellos Marco Enríquez-Ominami y Pablo Longueira.
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En fallo dividido, el Tercer Tribunal Oral Penal de Santiago emitió este miércoles el veredicto absolutorio en el caso SQM de financiamiento ilegal de la política, el más largo de la reforma procesal penal con dos años y 8 meses de duración, además de los 11 años de investigación.
Precisamente, este fue el principal argumento de las juezas de mayoría, ya que se vulneró el derecho a ser juzgado en un plazo razonable. También criticaron la idoneidad de los testigos de oídas presentados por la fiscalía, como también la calidad de los peritajes. En la causa actuaron como querellantes el Consejo de Defensa del Estado y la ONG Ciudadano Inteligente.
Las magistradas criticaron la extensa investigación de la Fiscalía Metropolitana Centro Norte que se remonta a febrero de 2015 como una arista del caso Penta, la duración del juicio que comenzó en febrero de 2023 y el daño a los acusados, ya que se les ha impedido ejercer derechos.
Ocho fueron los acusados: El actual candidato presidencial Marco Enríquez-Ominami, su ex asesor Cristián Warner, el exsenador UDI Pablo Longueira, su exsecretaria Carmen Valdivieso, exgerente general de SQM Patricio Contesse, la exsecretaria de la UDI Marisol Cavieres, el exdiputado DC Roberto León y el exembajador DC Marcelo Rozas.
Siete fueron acusados de delitos tributarios por el uso de boletas o facturas falsas o servicios no prestados, salvo Longueira quien sólo fue imputado por cohecho. A Contesse se le sumó el cargo de soborno y es quien arriesgaba la pena más alta de 7 años de cárcel. Para Longueira se pidieron 818 días de reclusión. El resto afrontaba sentencias de cinco a cuatro años más millonarias multas.
La causa está a cargo de la fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, quien resolvió salidas alternativas para más de cien imputados en este caso que afectó a un amplio espectro de políticos.
Según las denuncias, entre 2009 y 2014, la empresa controlada en esa época por Julio Ponce Lerou pagó más de 14 millones de dólares a casi 300 personas, con el objetivo de financiar campañas parlamentarias y presidenciales.
PURANOTICIA
