La investigación, iniciada el pasado 15 de julio, busca determinar responsabilidades por la controvertida cadena de errores que permitió la salida del país del imputado, quien utilizó una falsa identidad y hoy se encuentra prófugo, con una alerta roja de Interpol activa en su contra.
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La decisión de liberar a Alberto Mejía, presunto sicario acusado del asesinato de José Reyes Ossa, continúa generando consecuencias en el Poder Judicial. La fiscal de la Corte de Apelaciones de Santiago, Clara Carrasco, resolvió suspender de sus funciones a la jueza Irene Rodríguez, mientras se desarrolla un sumario disciplinario para esclarecer lo ocurrido.
La investigación, iniciada el pasado 15 de julio, busca determinar responsabilidades por la controvertida cadena de errores que permitió la salida del país del imputado, quien utilizó una falsa identidad y hoy se encuentra prófugo, con una alerta roja de Interpol activa en su contra.
Según informó radio Bío Bío, Carrasco —encargada de conducir el sumario instruido por la Corte de Apelaciones— optó por la suspensión como medida cautelar mientras se desarrolla la indagatoria. Se decidió suspender a Rodríguez, indicaron fuentes del proceso. Además, se confirmó que otra funcionaria del Poder Judicial también fue apartada, aunque su identidad y cargo no han sido revelados.
El caso ha dejado en evidencia una serie de fallas en la coordinación institucional. Luego de la autoidentificación falsa de Mejía, se emitieron dos oficios: uno revocando la prisión preventiva y otro corrigiendo su nombre y ordenando su ingreso. Pese a contar con esta última instrucción, Gendarmería dejó en libertad al acusado.
El historial del imputado tras su liberación ha generado aún más preocupación. Se sabe que pagó más de 2,5 millones de pesos para viajar desde Estación Central a Iquique, y luego cruzó la frontera hacia Perú. Desde entonces, no se tienen registros oficiales de su paradero.
Con la investigación en curso y las medidas disciplinarias ya aplicadas, el Poder Judicial busca responder a las críticas por un procedimiento que permitió que uno de los principales imputados en un caso de sicariato escapara del país.
PURANOTICIA
