El presidente del consejo, Raúl Letelier, señaló que "estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo".
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El Consejo de Defensa del Estado (CDE) anunció que ingresó una querella contra el exseremi de Vivienda de Antofagasta, Carlos Contreras y Daniel Andrade, representante legal de la Fundación Democracia Viva, en el marco del denominado «Caso Convenios».
"La acción del Consejo, presentada ante el Juzgado de Garantía de Antofagasta, se funda en antecedentes que se han podido recabar y que dan cuenta de una serie de ilícitos cometidos por el exseremi quien, sin considerar el marco regulatorio existente para la asignación de recursos para el Programa de Campamentos (actual PAP), o la revisión técnica de los antecedentes por parte del Servicio de Vivienda y Urbanización (Serviu), encargados en la región, inició directamente un proceso de selección de las entidades receptoras y la distribución de los recursos", señalaron desde el CDE a través de un comunicado.
En esta línea, el organismo indicó que "en dicho marco, el querellado Contreras procedió de tal forma sin involucrar a las demás autoridades que tenían injerencia técnica en el proceso de asignación, interviniendo de manera contraria a lo previsto en el marco jurídico respectivo, faltando gravemente a la probidad y perjudicando con ello el interés público fiscal".
De esta forma, la querella presentada por el CDE detalla que se suscribieron tres convenios entre la Fundación Democracia Viva, representada por Daniel Andrade, con quien el exseremi Carlos Contreras mantenía un vínculo de público conocimiento, causando con esto un perjuicio fiscal de al menos $391.768.516.
Al respecto de la acción judicial, el presidente del CDE, Raúl Letelier, sostuvo que "estamos frente a un caso en que la administración de los recursos se realizó fuera de cualquier criterio objetivo. La prueba documental y testimonial recogida en la investigación permite presumir que ello no se debió a una mera falta de expertiz o de gestión, sino a la comisión de un fraude al Fisco".
"La querella se funda en antecedentes y hechos de la investigación penal que, en esta etapa procesal, permiten cumplir con el estándar de suficiencia requerido para su interposición y que apuntan a una administración desleal de recursos públicos que, de acuerdo con la Ley de Presupuestos, debían ser utilizados en fines distintos a los que fueron destinados, contraviniendo expresamente el marco regulatorio de los convenios suscritos y provocando, en consecuencia, un perjuicio al patrimonio fiscal", explicó Letelier.
PURANOTICIA
