La causa se originó tras conocerse que la parlamentaria firmó un contrato de venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, con una entidad estatal. Aunque la transacción no llegó a concretarse, el Tribunal Constitucional consideró que el solo acto de haber firmado el contrato constituye una infracción directa al artículo 60 de la Constitución.
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El jueves 03 de abril, el Tribunal Constitucional (TC) tomó una decisión que no solo remueve a una histórica figura del Partido Socialista, sino que también instala un debate con potenciales repercusiones institucionales: con ocho votos a favor y dos en contra, se resolvió la destitución de la senadora Isabel Allende (PS), luego de que se acogiera un requerimiento presentado por el Partido Republicano y Chile Vamos, en el que se acusaba la firma de un contrato inconstitucional entre Allende y el Estado.
La causa se originó tras conocerse que la parlamentaria firmó un contrato de venta de la casa de su padre, el expresidente Salvador Allende, con una entidad estatal. Aunque la transacción no llegó a concretarse, el Tribunal Constitucional consideró que el solo acto de haber firmado el contrato constituye una infracción directa al artículo 60 de la Constitución. Dicho artículo establece que los parlamentarios tienen prohibido celebrar contratos con el Estado, bajo pena de “cese inmediato e inapelable de sus funciones”.
La decisión del Tribunal no solo representa un golpe para el Partido Socialista, que pierde a una de sus figuras más representativas, sino también para el gobierno, ya que el contrato fue visado mediante un decreto supremo por el propio Presidente Gabriel Boric. Aunque la resolución del TC aún no ha sido publicada en detalle, constitucionalistas coinciden en que sus fundamentos podrían marcar un precedente importante en el equilibrio entre legalidad y representación democrática.
Posibles efectos sobre el Presidente Boric
Uno de los puntos más delicados tras la remoción de Allende es el eventual impacto sobre el Presidente de la República. Aunque la Constitución no establece sanciones automáticas para el jefe de Estado en este tipo de casos, sí abre la posibilidad a un juicio político. Como explicó un abogado consultado por La Tercera, “si se logra establecer que el Presidente fue determinante en el nacimiento de la voluntad del Estado de realizar el contrato con una persona que no se podía, podría eventualmente escalar a una acusación” bajo la figura de notable abandono de deberes o vulneración de la Constitución.
En la misma línea, el constitucionalista Jorge Barrera advierte que “hay espacio, sin duda, para entender que la autorización que hace el Presidente para celebrar un contrato de aquellos expresamente prohibidos por la Constitución, y a través de un decreto supremo, constituye una infracción manifiesta a la Constitución y las leyes”.
Por su parte, Javier Couso, profesor de Derecho Constitucional en la Universidad Diego Portales, relativiza los efectos jurídicos pero reconoce la carga política: “Evidentemente esto agrava una situación política que ya era compleja”.
¿Qué pasa con la investigación penal?
Más allá del plano constitucional, el caso también es investigado penalmente por el fiscal regional de Coquimbo, Patricio Cooper, quien indaga eventuales delitos de fraude al fisco. Sin embargo, varios especialistas coinciden en que el fallo del TC no necesariamente tiene un correlato directo en la causa penal.
La académica Alejandra Castillo Ara, directora del Departamento de Derecho Penal de la UDP, señaló que “en este caso no existe perjuicio fiscal; de hecho, el tipo [penal] supone un engaño, que en este caso tampoco tuvo lugar. La compra de inmueble era un hecho público, ejecutado por las personas erradas, pues obviaron el artículo 60 de la Constitución, pero no es un hecho ilícito”.
Además, Castillo argumentó que el fallo del TC puede servir como antecedente, pero que no es determinante: “Ese es un hecho constatado, que ya cuenta con la destitución de la parlamentaria, pero no representa ninguna relevancia penal, porque el delito que se imputa no existe”.
A esto se suma que la Contraloría ya había advertido que no se había concretado la compra, lo que impidió un posible perjuicio fiscal. Sin embargo, desde el Partido Republicano, el abogado Raimundo Palamara –quien presentó la querella que dio origen al proceso– sostiene que “de todas maneras [el fallo del TC] ratifica los hechos que motivan la querella y destruye la teoría de que no hubo contrato”, agregando que “el Presidente Gabriel Boric dio la orden para materializar un acto criminal que es inconstitucional”.
Un precedente sin vuelta atrás
Más allá del destino inmediato de los involucrados, el caso deja un precedente jurídico y político inédito. El constitucionalista Tomás Jordán advierte que “es un antecedente que va a producir efecto, no solamente político, como lo está produciendo hoy día, sino también jurídico”, especialmente en cuanto al peso que el Tribunal Constitucional puede tener frente al principio democrático cuando se trata de hacer valer normas explícitas de la Carta Magna.
El caso también pone en evidencia las distintas consecuencias que puede tener un mismo hecho según el plano en que se analice: en el ámbito constitucional, la sanción es automática; en el penal, la figura delictual requiere elementos que, hasta ahora, no parecen cumplirse.
Por ahora, lo que es claro es que Isabel Allende deja el Senado por una sanción constitucional inédita, y que el gobierno enfrenta un nuevo frente de tensión política, a la espera de una sentencia completa que podría abrir otras aristas legales.
PURANOTICIA
