El escrito, que tuvo 7 votos a favor en la Comisión investigadora, responsabiliza al gobierno por su “interés político-electoral y apunta contra el Presidente Boric acusando una "obsesión" por "apropiarse del legado y de la figura del expresidente".
visitas
La comisión de diputados que investigó la fallida compraventa de la casa de Salvador Allende votó las conclusiones y propuestas que se incluirán en el informe que presentarán ante la Sala. Se aprobó el texto de la oposición y se rechazó el del oficialismo
El informe aprobado con siete votos a favor y cinco en contra concluye que la fallida compraventa del inmueble "no solo estuvo marcada por desprolijidades técnicas y jurídicas, sino que, además, desde su origen, se vio empañada por una grave improvisación institucional en materia presupuestaria".
En la comisión primero se votó el informe realizado por Raúl Leiva (PS), que fue rechazado con seis en contra y cinco a favor. En la instancia, el parlamentario Leonidas Romero expresó que en el escrito “le faltó hacerle un queque a la familia Allende”.
“Fue una votación contundente desde el punto de vista que hubo mayoría incluso con Demócratas y eso revela las deficiencias que hubo por parte del Gobierno”, expresó el presidente de la comisión, Andrés Longton (RN).
En el texto aprobado por la comisión, en las conclusiones previas los diputados apuntan contra el Presidente Gabriel Boric, acusándolo de tener una “obsesión” por “apropiarse del legado y de la figura del expresidente Allende desembocó en una de las crisis políticas más profundas del actual gobierno, arrastrando consigo ministros de Estado e incluso a una senadora de la República, hija de quien buscaba ser homenajeado por el mandatario”.
Asimismo, el informe sostiene que "el Congreso Nacional jamás aprobó la adquisición de la vivienda del expresidente Allende como se argumentó, erróneamente, en el discurso gubernamental, ya que la modificación presupuestaria para permitir dicha adquisición se hizo posterior a la discusión parlamentaria y de forma interna mediante instrucción presidencial".
También se acusa una "ausencia de un procedimiento claro, estandarizado y normativamente obligatorio para la retasación de bienes inmuebles cuando existe una discrepancia entre tasaciones públicas y privadas".
Longton comentó que estas desprolijidades son “inaceptables y revelan como se ha gobernado nuestro país durante estos casi cuatro años con una liviandad y una frivolidad que es inaceptable para efectos de ocupar la más alta magistratura", señaló.
Y añadió que "nosotros establecimos que no hay forma que el Gobierno no haya conocido de esta inhabilidad a pesar de todas las advertencias y que a pesar de eso, funcionarios de la más alta magistratura, del más alto nivel, siguen en sus cargos lo que nos parece que no corresponde entendiendo que tienen una responsabilidad con el país de seguir firmando y seguir visando documentos de mucha importancia”.
PURANOTICIA
