“Defender derechos es parte esencial de una democracia y este acuerdo lo que hace es profundizar la democracia, hacerla más inclusiva y también darle garantías a los defensores de derechos humanos", mamifestó Antonia Urrejola.
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La canciller Antonia Urrejola valoró la aprobación del Congreso a la participación de Chile en el Acuerdo de Escazú, el cual busca garantizar el derecho a la información, participación, y el acceso a la justicia en materia medioambiental para Latinoamérica y el Caribe.
La Cámara Alta respaldó la iniciativa con 31 votos a favor, tres en contra y 11 abstenciones, por lo que el tratado quedó listo para que sea promulgado por el presidente Gabriel Boric y luego ser enviado a las Naciones Unidas.
Tras la votación, la ministra de Relaciones Exteriores aseguró que la adhesión "es un hecho histórico porque Chile vuelve con fuerza al multilateralismo en tiempos que está puesto en duda la importancia del multilateralismo".
“Defender derechos es parte esencial de una democracia y este acuerdo lo que hace es profundizar la democracia, hacerla más inclusiva y también darle garantías a los defensores de derechos humanos en una democracia que todos queremos defender y hacerla más amplia”, agregó.
Según destacaron desde el Ministerio, entre los objetivos del acuerdo está garantizar el derecho a todas las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible, poniendo el foco en el acceso a la información ambiental, así como promover la transparencia y participación pública en la toma de decisiones.
Además, busca garantizar los derechos de las y los defensores ambientales y eleva los estándares en justicia ambiental.
Urrejola apuntó a que “en tiempos de guerra, de crisis climática, requerimos más que nunca del multilateralismo. Quiero insistir en que este es un acuerdo de cooperación entre Estados, un acuerdo de cooperación de solidaridad frente a una grave crisis climática, ambiental y frente la grave situación de las defensoras y defensores de derechos humanos”.
La ratificación también fue resaltada por Amnistía Internacional. Mediante un comunicado, la entidad indicó que "es relevante, entre otros motivos, porque es el único tratado regional vinculante para América Latina y el Caribe respecto a la protección del medio ambiente y el acceso a la justicia ambiental".
Rodrigo Bustos, director ejecutivo de la organización en Chile, llamó al Estado de Chile a adaptar "sus normativas internas a los lineamientos del tratado, para que efectivamente se avance en la protección del medio ambiente y de sus defensores/as, quienes se enfrentan a constantes hostigamientos y ataques por la valiente labor que realizan".
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