La iniciativa, que contempla la incorporación de más de 800 funcionarios, pasará ahora a fase de promulgación como ley.
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La Sala de la Cámara de Diputados despachó a fase de promulgación el proyecto que fortalece al Ministerio Público en materia de gestión, personal y facultades.
La propuesta se analizó conforme al informe de comisión mixta que resolvió cuatro discrepancias con el Senado. Particularmente, ellas apuntaron a materias relacionadas con la sustitución de la División de Contraloría Interna por la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna. Dentro de tal regulación, se establecen las funciones primordiales de ésta y se crean la Unidad de Integridad y Probidad Interna y la Unidad de Auditoría Interna.
El punto en discrepancia radicó en que, en la Cámara, se definió a una de estas unidades como una nueva división. Además, hubo enmiendas relacionadas con sus facultades. Ahora, el acuerdo de la comisión mixta, aprobado ya por ambas cámaras, restituye la redacción planteada por el Senado en esta materia.
Conforme a lo anterior, se mantuvo la creación de la citada división con las dos unidades descritas. La función de esta división será proponer y supervisar políticas y procedimientos internos, orientados a la prevención y detección de delitos y de conductas contrarias a la probidad al interior del Ministerio Público. Así, velará por el cumplimiento de las normas legales y reglamentarias. Junto a esto, evaluará y contribuirá a la mejora de los procesos administrativos internos, a la gestión de riesgos y a su control. Luego, el texto pasa a describir las características de las dos unidades.
El informe de la mixta, además, define otras dos normas que restituyen facultades para la División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna en materia de investigaciones y aplicación de sanciones a inculpados de infracciones a sus deberes del Ministerio Público.
Tal como se consignó durante todo el trámite de este proyecto, este fortalecimiento es el mayor emprendido al Ministerio Público desde que se creó. Cabe recordar que la Fiscalía nació a través de una reforma constitucional, en 1997, y su puesta en marcha se concretó a través de su ley orgánica, en 1999 (Ley 19.640).
Uno de los pilares de esta propuesta es el aumento de dotación, que espera llegar, en cuatro años, a completar 819 nuevos cargos. El desglose es el siguiente:
Con este incremento, se llegará a 1.034 fiscales adjuntos. De tal modo, se espera reforzar el personal destinado a la tramitación de causas. Esto incluye la creación y reforzamiento de unidades especializadas dedicadas a delitos de mayor complejidad y violencia. También considera fortalecer la operación de los sistemas de turnos y flagrancia, entre otras metas.
La propuesta también contempla la modernización de mecanismos de gestión institucional. En este marco, se entregan nuevas facultades al fiscal nacional, por ejemplo, para distribuir anualmente las dotaciones de fiscales adjuntos y profesionales de cada fiscalía regional y de la Fiscalía Supraterritorial. Esto se realizará mediante resolución fundada, de acuerdo con las necesidades de la operación.
Igualmente, la autoridad podrá resolver la permuta de cargos. Esto se realizará previo consentimiento de los fiscales adjuntos interesados u otros funcionarios que cumplan las mismas funciones en distintas fiscalías.
La institucionalidad del organismo se complementa con la creación de la Unidad de Supervisión de la Persecución Penal y la citada División de Probidad e Integridad y Auditoría Interna. Asimismo, se permite la reincorporación de los fiscales regionales como fiscales adjuntos y se genera un registro público de resoluciones.
Finalmente, entre otras materias, se perfecciona la atención de víctimas y testigos. La idea es tener una atención oportuna y fomentar la comunicación con los usuarios. De igual modo, se mejorará la cobertura y oportunidad, junto con equilibrar la carga actual en las unidades regionales.
Participaron en el debate de este proyecto Andrés Longton, Gastón Von Mühlenbrock, Chiara Barchiesi, Leonardo Soto, Érika Olivera y Luis Sánchez. Por el Ejecutivo expuso el ministro de Justicia, Jaime Gajardo.
Hubo una amplia coincidencia en señalar que este proyecto va en la línea correcta. Así, resaltaron aspectos como el aumento de la dotación del Ministerio Público, reconociendo la excesiva sobrecarga laboral de los fiscales. Esto, comentaron, ayudará a una mejor justicia y a enfrentar la nueva criminalidad que se desarrolla en el país.
Igualmente, valoraron el reforzamiento de los controles internos, para velar por una adecuada probidad de las y los funcionarios. Junto a esto, destacaron el reforzamiento de la unidad de víctimas y testigos.
PURANOTICIA
