La nueva institucionalidad permitirá fortalecer el acceso igualitario a la justicia y brindar atención jurídica y psicosocial a víctimas de delitos, así como representación jurídica gratuita para quienes más lo necesitan
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Con la aprobación de las modificaciones efectuadas en el segundo trámite, la Cámara de Diputados dio luz verde a la creación del nuevo Servicio Nacional de Acceso a la Justicia.
El proyecto que culminó su tramitación en el Congreso Nacional y fue despachado a ley, también crea la Defensoría de Víctimas de Delitos.
El Senado efectuó variadas enmiendas al texto despachado en el primer trámite, en marzo de 2024, pero que no alteraron el fondo de la propuesta. En general, las modificaciones vinieron a complementar la redacción de la Cámara en algunos aspectos puntuales.
Igualmente, se incorporaron normas para fortalecer la institucionalidad que se crea. Así, por ejemplo, se agregó un apartado sobre los derechos de las víctimas de delitos. También se reguló el tema de los reclamos de los usuarios en contra del Servicio y se adicionaron sanciones.
Las modificaciones del Senado se aprobaron en forma unánime, en dos votaciones.
El nuevo servicio público será descentralizado, dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio. Se someterá a la supervigilancia del o la Presidenta de la República a través del Ministerio de Justicia. Su domicilio estará en la ciudad de Santiago y se desconcentrará territorialmente a través de direcciones regionales.
El organismo tendrá por objeto permitir el acceso a la justicia a través de:
Para lo anterior, el Servicio desarrollará líneas de acción y programas destinados a satisfacer las necesidades de acceso a la justicia.
El texto, adicionalmente, define las funciones y atribuciones específicas de la entidad. Junto a ello, se norma cómo este servicio se organizará administrativamente, su personal, la dirección nacional y regional y su patrimonio.
La propuesta, además, aclara que el organismo será, para todos los efectos legales, el sucesor y continuador legal de las corporaciones de asistencia judicial del país.
También se especifica que serán usuarios de esta unidad todas las personas que requieran información y orientación en materias jurídicas. Asimismo, se le deberá otorgar asesoría y representación jurídica a quienes no puedan procurárselas por sí mismos o pertenezcan a alguno de los grupos de especial protección, como se mencionó más arriba. De igual modo, quienes sean víctimas de delitos podrán requerir asesoría y representación jurídica, así como apoyo social y sicológico.
En cuanto a la Defensoría de víctimas de delitos, se aclara que al Servicio deberá otorgar:
El texto aclara que las y los funcionarios de las policías tendrán derecho a acceder a las prestaciones de este servicio. Esto, en caso de ser víctimas de delitos en razón de su cargo o en el ejercicio de sus funciones.
Finalmente, entre otras variadas normas, se insta al Ministerio de Justicia a establecer estándares para asegurar la calidad de las prestaciones.
PURANOTICIA
