La enmienda proponía una nueva definición de sus propósitos y definiciones. Así, se establecía que sus objetivos principales eran erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.
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Por 63 votos a favor, 69 en contra y 13 abstenciones, la Sala de la Cámara de Diputados rechazó el proyecto que modifica la Ley 20.609. Esta enmienda a la también conocida como “Ley Zamudio” busca fortalecer la prevención de la discriminación, junto con promover y garantizar de mejor manera el principio de igualdad, dotando de mayor eficacia a la acción de no discriminación que consagra la normativa.
La propuesta se revisó en segundo trámite, por lo que deberá pasar ahora a una comisión mixta para zanjar las diferencias con el Senado, que ya la había aprobado.
La enmienda proponía una nueva definición de sus propósitos y definiciones. Así, se establecía que sus objetivos principales eran erradicar, prevenir, sancionar y reparar toda discriminación arbitraria en contra de cualquier persona o grupo de personas.
También, busca promover el principio de igualdad y no discriminación arbitraria. Asimismo, instauraba un procedimiento judicial especial y rápido que buscaba restablecer eficazmente el imperio del derecho cada vez que se cometa un acto de discriminación arbitraria.
La iniciativa redefinía, igualmente, el concepto de discriminación arbitraria, ampliando el listado de motivaciones que pudieran sustentarla. Junto a esto, definía tres categorías de discriminación, especificaba procedimientos y sanciones y la creaba el Consejo de Igualdad y No Discriminación Arbitraria.
En el debate hubo polarización en las posiciones expresadas en torno a esta iniciativa. Desde partidos como Republicanos, UDI, RN, Evópoli y PSC (e independientes afines), hubo diversos discursos contrarios al proyecto. De hecho, varios de los exponentes hicieron reserva de constitucionalidad, entendiendo que algunos de sus preceptos vulneraban diversos artículos de la Constitución.
Se acusó que sus normas cercenan la libertad de opinión. Se refutó particularmente que se invierta la carga de la prueba y se sancione la omisión. Asimismo, se afirmó que es un proyecto totalitario, ideológico y que destruye la seguridad jurídica.
En un nivel intermedio, desde Demócratas se valoró la ley, pero se estimó que hay materias que mejorar.
Desde la otra vereda, el PS y partidos del Frente Amplio, más independientes del sector, expresaron su apoyo decidido a este proyecto. Se estimó necesaria una actualización después de 12 años de aplicación, incluyendo la realidad actual. También dijeron que era preciso tener trámites más ágiles y que realmente se apoye a las víctimas.
Junto a ello, se relevó que las normas contenidas en la propuesta van en la línea de los tratados de Derechos Humanos firmados por Chile. Por otro lado, se llamó a ponerse en el lugar de quienes sufren, día a día, discriminación y que tienen miedo. Asimismo, se pidió evitar nuevos casos como el de Daniel Zamudio, quien murió tras un ataque a golpes provocado por un grupo de simpatizantes neonazis. La razón que gatilló el lamentable suceso fue que la víctima era homosexual.
En la discusión también participó el ministro de Justicia, Luis Cordero. Reconoció que en estas materias puede haber diferencias de apreciación, pero resaltó que la propuesta posee una base jurídica sólida. Informó que sus preceptos tienen sustento en tratados internacionales vigentes en Chile.
Comentó que también se apoya en resoluciones de la Corte Suprema, por ejemplo, en lo referente a la libertad de expresión. Así, la jurisprudencia apoyaría que bajo ese principio no se puede fomentar el odio. De hecho, sostuvo que la Corte Suprema visó el texto en trámite, dando su aprobación a las enmiendas.
Respecto del tema de la omisión, aclaró que es una norma extraída de la Constitución. Y, entre otras referencias, acotó que la modalidad que invierte la carga de la prueba ya está vigente en el Código del Trabajo.
PURANOTICIA
