Con 42 votos a favor, 26 en contra y una abstención, la Cámara Baja aprobó la idea de acudir al Tribunal Constitucional.
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Con 42 votos a favor, 26 en contra y una abstención, la Cámara de Diputados aprobó la idea de acudir al Tribunal Constitucional (TC) como Corporación, y así presentar un requerimiento de inaplicabilidad y suspender el proceso de licitación del litio encabezado por el Gobierno.
La moción fue presentada por parlamentarios de oposición, el grupo político que se mostró molesto y disconforme la semana recién pasada cuando se anunció oficialmente la adjudicación. Esta asegura que el proceso, que implica contratos especiales de operación para la exploración, explotación y beneficio de yacimientos de litio, produce infracciones constitucionales a "normas fundamentales".
Además, según el documento, se vulnera el artículo 19 número 24 de la Constitución, el cual consigna que la propiedad involucrada con esta adjudicación, afecta directamente el patrimonio de todos los chilenos, puesto que las grandes reservas mundiales del litio se encuentran en nuestro país. En adición, se argumenta la ausencia de fiscalización y supervisión de la utilidad operacional.
El diputado René Alinco (PPD) uno de los impulsores de la medida, contó que "un grupo de diputados de diversas bancadas hemos solicitado a la Cámara que como cuerpo, como instancia de poder político de nuestro país, haga una presentación sobre las irregularidades que se han cometido durante el proceso de licitación del litio".
"La obligación nuestra como diputados y diputadas es defender los intereses de la patria, las riquezas naturales de Chile, por eso de ahora en adelante producto de esta votación con amplia mayoría, será la Corporación la que recurrirá al Tribunal Constitucional. Estamos muy satisfechos con esta votación, porque podemos decir que la Cámara se puso las pilas, y va a defender los intereses de todos los chilenos y chilenas hasta las últimas consecuencias", agregó.
En tanto, el parlamentario Esteban Velásquez (FRVS), quien además es presidente de la Comisión de Minería, sostuvo que “fundamentalmente nuestra presentación apela a que hoy día hay un contexto social, político y económico que exige dar la pelea por nuestros recursos naturales, sobre todo cuando a la vuelta de la esquina está la nueva Constitución”.
"Hoy día los territorios están demandantes en términos de empoderamiento y ya tenemos argumentos suficientes en las cortes respectivas que han manifestado que lo que ayer no resultaba un argumento necesario, pertinente, hoy día tiene valor. Me refiero a impactos medioambientales, al reconocimiento de las comunidades que, además, viven respecto a la cosmovisión que tienen y que se va a ver impactada producto de esta explotación de los salares. Este conjunto de temas ha ido adquiriendo fuerza, hemos dicho, en las cortes, en los tribunales y confiamos hoy día que el TC también lo pueda confirmar", complementó.
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