Sus normas se aplicarán a proveedores, implementadores, importadores y distribuidores nacionales y extranjeros que operen o tengan impacto en Chile.
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La Cámara de Diputados aprobó en general el proyecto que regula y promueve el desarrollo, implementación y uso de la inteligencia artificial (IA) en Chile, en un texto que establece cuatro niveles de riesgo.
Sus normas se aplicarán a proveedores, implementadores, importadores y distribuidores nacionales y extranjeros que operen o tengan impacto en Chile. Excluye usos como defensa nacional e investigación previa a la comercialización. También, los componentes de código abierto no comercializados como productos de alto riesgo.
Entre sus principios rectores se pueden mencionar la supervisión humana; la seguridad técnica y ciberseguridad; y la privacidad y protección de datos. Igualmente, se consideran la transparencia y trazabilidad; equidad social y de género; y protección del medioambiente y de los derechos de autor.
Los sistemas de IA se clasificarán según su riesgo:
- Inaceptable: Estarán prohibidos. En este marco, por ejemplo, están la manipulación subliminal, la categorización con datos sensibles y el reconocimiento facial indiscriminado.
- Alto: Son los que requieren de un control estricto y gestión de riesgos. Asimismo, contar con documentación técnica, supervisión humana, ciberseguridad y seguimiento posterior.
- Limitado: Exigen medidas básicas de transparencia y notificación al usuario.
- Sin riesgo evidente: Usos generales, sin restricciones adicionales.
Además, el proyecto establece un protocolo de reporte obligatorio ante fallas o daños causados por sistemas de inteligencia artificial. También crea un Consejo Asesor Técnico de IA, con representantes estatales, del mundo académico, de la sociedad civil y de la industria.
Asimismo, la iniciativa asigna a la Agencia de Protección de Datos Personales (APDP) la responsabilidad de fiscalizar el cumplimiento de la ley. Igualmente, estará habilitada para sancionar infracciones (leves, graves, gravísimas) con multas de hasta 20.000 UTM. Asimismo, podrá coordinarse con la Agencia Nacional de Ciberseguridad (ANCI) en caso de amenazas a servicios esenciales.
El proyecto también contempla apoyo a la innovación. Para ello se habilitarán espacios controlados de prueba (“sandbox”) para testear sistemas de IA en condiciones seguras. Junto a esto, se promueve la participación de empresas de menor tamaño y se impulsan medidas de capacitación y acceso equitativo.
Finalmente, el Ejecutivo levantó la calificación de urgencia. Por efecto de lo anterior, no se votó en particular y el texto pasó a una nueva revisión a la Comisión de Futuro.
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