El Mandatario de Argentina manifestó que "el presidente Boric me planteó su preocupación sobre el tema y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones".
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El presidente Gabriel Boric abordó con su par argentino, Alberto Fernández, la solicitud de extradición del exfrentista Galvarino Apablaza, sindicado como uno de los autores intelectuales del asesinato de Jaime Guzmán y que residiría en el país trasandino.
"Conversamos el tema. Para Chile ha sido, hace larga data, un tema de política de Estado, no sujeto a las contingencias políticas. El Presidente nos ha escuchado, va a tomar en consideración lo que hemos planteado", indicó el Mandatario.
Si bien advirtió que "no corresponde intervenir en un poder independiente de la República Argentina", aseveró que "no me cabe ninguna duda que se van a hacer todos los esfuerzos".
Desde la Unión Demócrata Independiente (UDI) habían emplazado al jefe de Estado a que abordase la situación. Incluso el diputado de ese partido, Guillermo Ramírez, fue parte de la comitiva que viajó al otro lado de la cordillera.
“Yo espero que el presidente Boric, al igual como lo hizo el presidente Piñera e igual como lo hizo la presidenta Bachelet, le pida a Argentina que permita la extradición del asesino de Jaime Guzmán”, indicó Ramírez.
Ello fue ratificado por Boric, quien explicó que "esto lo conversamos con el diputado Guillermo Ramírez. Ayer tuvimos una conversación privada sobre este tema donde me comprometí a planteárselo al Presidente y así ha sido".
Por su parte, el presidente Fernández señaló que "el presidente Boric me planteó su preocupación sobre el tema y obviamente tomé en cuenta sus consideraciones, aclarando desde ya que este es un problema que se debe resolver judicialmente en Argentina".
"No es un tema tenga que ver con la potestad o la discrecionalidad del poder Ejecutivo, por lo cual, será el Poder Judicial de Argentina quien resuelva cómo evoluciona esto", remarcó.
La solicitud de extradición de Apablaza viene siendo tramitada desde 2004 y se frustró en 2010 después de que el Poder Ejecutivo trasandino le concediese la condición de refugiado político. Dicha moción fue removida en 2017, lo que abrió la puerta a que pudiese concretarse la deportación.
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