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Biministro Alvarado calificó de "inaceptable" el caso de exseremi de Salud detenido por presuntos delitos sexuales

Biministro Alvarado calificó de "inaceptable" el caso de exseremi de Salud detenido por presuntos delitos sexuales

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El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob) se refirió a la salida de Fabián Barrientos en Magallanes y destacó el nuevo proyecto que sanciona el consumo de drogas en autoridades.

Biministro Alvarado calificó de "inaceptable" el caso de exseremi de Salud detenido por presuntos delitos sexuales
Lunes 27 de julio de 2026 20:26
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El biministro del Interior y la Secretaría General de Gobierno (Segegob), Claudio Alvarado, abordó la salida del exseremi de Salud de Magallanes, Fabián Barrientos, quien fue detenido tras ser acusado por un delito de índole sexual.

La autoridad manifestó que "como hemos conocido las últimas horas, hay situaciones que son inaceptables desde la perspectiva del comportamiento que tiene que tener una autoridad en el ejercicio de su cargo".

El secretario de Estado afirmó que "en eso el Gobierno va a ser intransable en orden a quien no cumpla con las normas básicas de una correcta y sana administración en el ejercicio de la oposición pública, va a ser cesado en su cargo, tal como ha sucedido con el seremi de Magallanes".

Asimismo, señaló que "hay una investigación del Ministerio Público. Nosotros ya tomamos una decisión oportuna de carácter político, que fue solicitarle el cargo".

Durante la jornada, Alvarado comentó sobre el proyecto ingresado por el Gobierno que incorpora el consumo de drogas como nueva causal de cesación en el cargo de autoridades. Esta reforma fue presentada luego de la renuncia del exsubsecretario de Hacienda, Juan Pablo Rodríguez, quien dio positivo a un test de drogas.

"La probidad debe ser un requisito para las autoridades sin excepciones, la iniciativa establece un estándar común para quienes ejercen cargos de representación o responsabilidad pública, reforzando que el servicio del Estado existe transparencia, integridad y condiciones que garanticen la confianza de la ciudadanía", indicó.

El biministro explicó que el proyecto "busca que las exigencias de control preventivo alcancen a autoridades del Ejecutivo, legislativo, gobiernos regionales y municipales, consolidando un marco institucional donde nadie quede excluido de los mismos estándares".

"La reforma propone transformar los controles preventivos en una obligación legal entregando mayor certeza a la ciudadanía respecto al compromiso de sus autoridades con la probidad y el correcto ejercicio de la función pública", subrayó.

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