Parlamentarios solicitaron que la entidad fiscalizadora se pronuncie sobre la legalidad del documento titulado «Orientaciones para el Mes de la Memoria y la Democracia 2024».
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La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN), representada por Hugo Rey, Camila Flores y Eduardo Durán, ingresaron un requerimiento ante la Contraloría General de la República solicitando que se pronuncie sobre la legalidad del documento titulado «Orientaciones para el Mes de la Memoria y la Democracia 2024».
El objetivo es que este acto sea revisado por exceder las atribuciones legales del Ministerio de Educación, afectando el derecho a la educación y la libertad de enseñanza.
El llamado a fiscalizar se enmarca “en la preocupación de los diputados RN por mantener el principio de juridicidad en la administración pública y proteger el derecho de los niños y jóvenes a una educación libre de influencias político-partidistas”, según plantearon.
Según los recurrentes, este documento “vulnera el derecho a la educación y la libertad de enseñanza” al plantear “una visión sesgada del período histórico comprendido entre el golpe de Estado de 1973 y el retorno a la democracia”.
El grupo parlamentario también señala que se trata de una “actuación contraria a la Constitución y la ley, lo que importa además un uso indebido de los recursos fiscales”.
En su requerimiento, los legisladores destacan que el Ministerio de Educación “no posee una atribución general de orientación del currículo formativo o interpretación intempestiva de este”, en referencia a que la modificación en los contenidos escolares debe realizarse en un marco legal específico y contar con la aprobación del Consejo Nacional de Educación.
Además, señalan que “ya existe un marco legal, como la Ley N°20.911 sobre Formación Ciudadana, que regula la inclusión de contenidos relacionados con derechos humanos, por lo que no es necesario complementarlos con documentos adicionales".
El documento, de acuerdo a los parlamentarios, se aleja de la imparcialidad al “ofrecer una mirada parcial del proceso histórico”, lo que interpretan como “una forma de proselitismo político, algo prohibido en el sistema educacional según el artículo 19 de la Constitución”.
El requerimiento de los parlamentarios solicita a la Contraloría “declarar la ilegalidad del documento e instruir al Ministerio de Educación a cesar en sus efectos”.
"No vamos a permitir que se adoctrine a nuestros niños con una mirada parcial de la historia. Este documento mezcla el mes de la memoria con las fiestas patrias, lo que es inaceptable”, afirmó el subjefe de bancada, Hugo Rey, tras ingresar el requerimiento.
“Los padres y profesores nos han expresado su preocupación y por eso hemos presentado este requerimiento, además de un proyecto de ley para frenar este adoctrinamiento”, agregó.
Por su parte, la diputada Camila Flores afirmó que "este documento busca cambiar el mes de la patria por el mes de la memoria, vulnerando derechos fundamentales de los niños como lo establece nuestra Constitución”.
“No permitiremos que se mantenga viva la odiosidad y el activismo político en las aulas. Si es necesario, estudiaremos acciones judiciales para frenar esta situación", aseveró.
Finalmente, el diputado Eduardo Durán sostuvo señaló que "es impensable que en pleno siglo XXI el gobierno ideologice a los niños con una visión sesgada de la historia. La Constitución es clara: no se puede adoctrinar a los estudiantes. Estamos aquí para defender el derecho a una educación imparcial y libre de influencias político-partidistas".
PURANOTICIA
