El Presupuesto 2026 y el cierre de 2025 concentran las principales críticas.
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Cuando aún no se cumplen seis meses desde su llegada al Ministerio de Hacienda, la gestión de Nicolás Grau comienza a ser evaluada por economistas y analistas, en un periodo marcado por leyes clave aprobadas, tensiones fiscales y opiniones divididas respecto de su conducción de las finanzas públicas.
El ingeniero comercial, doctor en economía y exministro de Economía, asumió el 21 de agosto de 2025, tras la salida de Mario Marcel, en una decisión que significó que una de las carteras más influyentes del gabinete quedara en manos del Frente Amplio. Si bien su cercanía política con la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, fue vista inicialmente como una ventaja, también surgieron cuestionamientos por su experiencia en materias macroeconómicas.
Al asumir, Grau fijó como eje central la responsabilidad fiscal, señalando que existía una meta clara definida en el Informe de Finanzas Públicas. Según consignó La Tercera, el mercado identificó cuatro desafíos inmediatos: el Presupuesto 2026, la nominación de un consejero del Banco Central, el reajuste del sector público y el cierre fiscal de 2025. A los 143 días en el cargo, estos frentes quedaron resueltos, aunque con evaluaciones dispares.
El punto mejor evaluado fue la designación de Kevin Cowan como consejero del Banco Central, aprobada sin controversias. Economistas coincidieron en que se trató de un nombre inobjetable y un aporte a la estabilidad de la política monetaria. En contraste, el Presupuesto 2026, pese a ser aprobado antes del plazo legal y con amplia mayoría, fue criticado por no sincerar completamente el estado de las finanzas públicas, según varios especialistas.
El cierre preliminar de 2025 mostró un déficit efectivo de -2,8% del PIB, con ingresos por debajo de lo proyectado. Aunque desde Hacienda destacaron que la deuda se estabilizó en 41,7% del PIB, economistas relativizaron el logro, atribuyéndolo a factores contables más que a decisiones estructurales. A ello se suman cuestionamientos por la negociación del reajuste del sector público, lo que refuerza un balance inicial mixto, con avances legislativos relevantes, pero persistentes dudas sobre la conducción fiscal en la recta final del gobierno.
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