La medida generó un tenso debate en el concejo y fue rechazada por la oposición, que acusó un intento por borrar la memoria histórica de la comuna.
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En una tensa sesión, el concejo municipal de San Miguel aprobó la propuesta de cambio de nombre de la Avenida Salvador Allende por Salesianos. La iniciativa, impulsada por la alcaldesa Carol Bown (UDI), se resolvió con un ajustado resultado de cinco votos a favor y cuatro en contra. Ante el empate inicial, fue la propia edil quien debió emitir el voto dirimente para aprobar la medida.
La denominación "Salesianos" había sido reemplazada el 11 de septiembre de 2023, en la administración de la exalcaldesa Érika Martínez (FA), unificando el nombre de la calle que atraviesa las comunas de San Miguel, San Joaquín y Pedro Aguirre Cerda.
Entre los argumentos de los concejales que votaron a favor –Claudia Rojas (UDI), Felipe Guevara (RN), Luis Sanhueza (RN) y Eva Merino (Republicano)– se destacó que los vecinos de la comuna no fueron consultados para el cambio en 2023. Por otro lado, los concejales Viviana Llambias (FA), Carla Santana (PC), Gabriel Zúñiga (PS) y Claudio Escobar (IND) votaron en contra, apelando a la "memoria histórica".
Tras la votación, la alcaldesa Bown agradeció al concejo y destacó que la decisión, aunque no unánime, "debe siempre buscar el bien común de la comuna". También afirmó que "la democracia no puede ser utilizada como una herramienta a conveniencia que se pone en pausa cuando incomoda". La Municipalidad activará ahora los procesos administrativos para implementar el cambio y supervisar cada etapa.
La iniciativa ha sido objeto de varias polémicas. Desde el Partido Socialista (PS) y el Frente Amplio (FA), manifestaron su "categórico rechazo", calificando la medida como un "acto que desconoce y desvaloriza la memoria democrática". A su vez, la alcaldesa Bown se enfrentó en redes sociales con el dirigente del PC, Marcos Barraza, a quien respondió que la medida es un "acto democrático, que preserva la memoria local". También se generó controversia por una consulta ciudadana de la alcaldesa, donde un 82% de 702 vecinos se mostró a favor del cambio, y por un oficio presentado por diputados de oposición a la Contraloría para investigar si se usaron recursos públicos en el estudio.
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