La Cámara de Diputados despachó al Senado el proyecto que sanciona con mil UF a empresas que externalicen servicios telefónicos fuera de Chile, buscando frenar estafas y proteger el empleo local.
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Prevenir estafas internacionales realizadas mediante llamados telefónicos, así como proteger y fomentar el empleo local de teleoperadores, es el objeto del proyecto de ley que busca prohibir la subcontratación de call center que operen desde el extranjero.
La propuesta, que la Cámara de Diputados despachó al Senado, plantea imponer una sanción de mil unidades de fomento a las empresas que subcontraten estos servicios operados fuera del territorio nacional.
La restricción abarcará cualquier tipo de interacción con terceros, ya sea para emitir o recibir comunicaciones. Esto incluye el uso de vías telefónicas, medios telemáticos, aplicaciones digitales y cualquier otro medio electrónico destinado a brindar atención al cliente, entregar información, ofrecer asesoramiento administrativo o comercial, así como para la promoción y venta de productos, servicios o la recepción de reclamos.
Pese a que la propuesta llegó a la Sala con un informe negativo emitido por la Comisión de Economía, el pleno de la corporación decidió respaldar la moción. El proyecto fue expuesto durante la sesión por su propio autor, el diputado Gonzalo Winter, logrando los apoyos necesarios para continuar su tramitación en la Cámara Alta.
Durante la discusión parlamentaria, los legisladores Jorge Díaz y Gonzalo Winter cuestionaron duramente la utilización de estas plataformas internacionales para ejecutar estafas y enviar spam hacia Chile. Asimismo, reprocharon la práctica empresarial de buscar naciones con menores exigencias laborales para abaratar costos operativos. En este contexto, Winter enfatizó que la normativa tiene como eje central el fomento a la creación de empleo nacional.
Desde la vereda opuesta, los diputados Luis Sánchez y Luis Pardo manifestaron su rechazo a la medida, argumentando que esta iniciativa atenta contra la dinamización de la economía. Los parlamentarios advirtieron además que la prohibición vulnera la reciprocidad establecida en tratados internacionales, la cual actualmente permite que los call centers chilenos vendan sus servicios en el extranjero. Respecto a la problemática del spam, los detractores añadieron que el texto no aborda el tema y que los esfuerzos deberían concentrarse en las tecnologías que detienen estas comunicaciones masivas.
Los argumentos del proyecto reconocen que la expansión de la industria de llamados telefónicos ha generado tanto efectos positivos como externalidades negativas. Por un lado, se valora como una importante fuente de empleo que facilita la comunicación entre proveedores y consumidores. Sin embargo, el documento advierte que su uso ha derivado en prácticas invasivas de carácter publicitario, mecanismos de cobranza extrajudicial abusivos y un aumento sostenido de delitos cometidos mediante llamadas fraudulentas.
Finalmente, el texto de la moción revela que la industria emplea a cerca de 30 mil personas en Chile, en su mayoría mujeres. No obstante, se alerta sobre una creciente tendencia a la subcontratación internacional que ya es cercana al 41%, concentrándose principalmente hacia países como Perú y Colombia, los cuales cuentan con menores estándares laborales.
(Imagen referencial)
PURANOTICIA
