Mediante una carta, el gremio salió al paso del polémico procedimiento policial. Acusan que se vulneró "la dignidad de las personas involucradas".
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Mediante un comunicado, la Asociación Nacional de Fiscales se refirieron al polémico allanamiento que tuvo lugar anoche en la sede del partido Comunes, en el marco de las diligencias que lleva adelante el Ministerio Público contra la candidata a senadora Karina Oliva, por un posible fraude de subvenciones en la declaración de gastos de su anterior campaña a gobernadora de la Región Metropolitana.
En el escrito, el gremio dejó en claro que "repudiamos absolutamente lo sucedido" y que más allá de que la Consittución y las leyes "entregan a los fiscales la dirección de las investigaciones de eventuales delitos, cada vez que se requiere ejecutar alguna diligencia que vulnere o violente los derechos de alguna persona, es indispensable que un juez de la República lo autorice".
"En este caso, se trató de una diligencia autorizada judicialmente para encontrar y preservar medios de prueba en una investigación en curso de alta relevancia para el país", reza el documento, donde también se deja de manifiesto sus reparos el actual de Carabineros en el procedimiento.
Al respecto, apuntaron a "las imágenes poco criteriosas en cuanto al uso desproporcionado de la fuerza, al porte de armas de fuego de alto poder, y la difusión coetánea de esta diligencia, afectando el principio legal de reserva o secreto y la dignidad de las personas involucradas".
Sobre esto último, dejaron en claro que la filtración del procedimiento, lo que derivó en la presencia masiva de medios de comunicación, es una "cuestión que es completamente improcedente, no solo por poner en riesgo la eficacia de esta diligencia intrusiva, sino que además implica una afectación innecesaria a los derechos de quienes están siendo investigados, cuestión absolutamente inaceptable en un estado democrático de derecho".
Por último, aseguraron que la Asociación "ha planteado la necesidad de realizar las modificaciones legales necesarias para aumentar y fortalecer los controles funcionales del Ministerio Público hacia las policías, con la finalidad precisamente de evitar actuaciones como la ocurrida, y así poder garantizar el pleno respeto de los derechos humanos y garantías constitucionales de todos nuestros ciudadanos".
PURANOTICIA
