Una de las normas más controversiales tiene relación con la instauración de una Comisión Territorial Indígena, instancia que deberá concretar el “mecanismo preferente” que el Estado tendrá con respecto a las tierras y recursos de los pueblos originarios.
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Las distintas comisiones de la Convención Constitucional ingresaron sus primeras propuestas a la Comisión de Normas Transitorias, la cual estará encargada de definir la transición entre la actual Constitución y la nueva.
Surgida de la Comisión de Derechos Fundamentales, una de las normas más controversiales tiene relación con la instauración de una Comisión Territorial Indígena, instancia que deberá concretar el “mecanismo preferente” que el Estado tendrá con respecto a las tierras, territorios y recursos de los pueblos originarios.
La mesa funcionará por 10 años y, en caso de ser necesario, se renovará por otros cinco años de manera sucesiva. De acuerdo al texto aprobado, el Presidente deberá constituirla en un plazo de seis meses, con un plazo de otros seis meses prorrogables.
“La Comisión estará integrada por representantes de todos los pueblos y naciones indígenas elegidos por éstos en base a procedimientos democráticos. Asimismo, la integrarán actores interesados, expertos e instituciones nacionales e internacionales que el Presidente de la República, con acuerdo de los pueblos, consideren pertinentes para el objeto de la Comisión”, añade el texto.
La norma fue duramente criticada por el convencional Felipe Harboe (Colectivo del Apruebo), quien aseveró que "es abiertamente inadmisible, porque entra en temas de fondo que no son propias de las normas transitorias. Otra trampa inaceptable que espero se corrija en la Comisión de Normas Transitorias”.
Otras de las iniciativas clave tiene relación con los plazos de vigencia de los nuevos poderes Ejecutivo y Legislativo.
La propuesta emanada por la Comisión de Sistema Político establece que el nuevo reglamento regirá a partir del 11 de marzo de 2026, a excepción de las normas para elegir parlamentarios y Mandatario, que empezarán a funcionar para el proceso electoral previo.
Junto a ello, se aprobó que la reelección presidencial no sea aplicable al actual presidente Gabriel Boric, por lo que el Mandatario no podría aspirar a un segundo periodo inmediato.
En tanto, se rechazó la propuesta que buscaba que el Senado se disuelva en el 2026.
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