Su misión será la de fortalecer la investigación del crimen organizado a través de un proceso de reordenamiento de la estructura orgánica institucional.
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Este jueves, en el complejo policial de la PDI en Coyhaique, la ministra del Interior y Seguridad Pública, Carolina Tohá; junto al director general de la institución, Eduardo Cerna, anunciaron la creación de las Brigadas de Lavado de Activos (Brilac) en todo el país y la entrada en funcionamiento de siete de ellas a partir de hoy.
La decisión obedece a la necesidad de fortalecer la investigación del crimen organizado a través de un proceso de reordenamiento de la estructura orgánica institucional, que permita esclarecer delitos y la identificación de grupos que vulneran la ley y afectan la convivencia de toda la población en distintas regiones del país.
“Hoy estamos dando a conocer la instalación de las Brigadas Investigativas de Lavado de Activos aquí en Aysén. Esfuerzo que estamos haciendo en todas las regiones del país, porque hasta ahora solamente en la región Metropolitana existían estas brigadas y una de las cosas importantes que tenemos que aprender del crimen organizado es que tiene una gran movilidad. Entonces, puede haber delincuentes de otro país que cometen un delito en Santiago y lavan los activos aquí”, explicó Tohá.
La secretaria de Estado añadió que no tiene ningún sentido ir a buscar el dinero del crimen organizado a los lugares donde cometieron los delitos, porque muchas veces no se va a encontrar ahí: “Por eso es tan importante esta iniciativa que ha tomado la Policía de Investigaciones, de desarrollar estas capacidades en todas las regiones de Chile. Y no sólo aquí, también a través de Interpol, de América, de nuestros contactos políticos y diplomáticos para descubrir estos movimientos y darles seguimiento más allá de la frontera, porque ciertamente este movimiento del crimen organizado trasciende nuestros límites”, afirmó la jefa de gabinete.
En tanto, el director general de la PDI, Eduardo Cerna, recalcó que “tenemos que empobrecer a la delincuencia para que no pueda seguir operando y para evitar su poder de articulación hay que quitarles el patrimonio, con investigaciones robustas, técnicas especializadas y esta dinámica de la investigación del delito multidisciplinario”.
Asimismo, sostuvo que en lo que va del año las incautaciones patrimoniales están cerca de los 3 mil millones de pesos. “Vamos a seguir fortaleciendo las investigaciones criminales porque tenemos equipos permanentes con capacidades múltiples para abordar esta nueva dinámica del delito” y advirtió que “todos los actores vinculados a la persecución penal tenemos que unirnos para hacer una estrategia en conjunto, porque la solidez de una cadena es tan fuerte como el eslabón más débil y ninguno debe serlo”, agregó.
ROL DE LAS BRILAC
La función principal de estas brigadas es la investigación del delito de lavado de activos, que es descrito en la ley como cualquier intento de ocultar o disimular el origen ilícito de bienes que provienen del narcotráfico, terrorismo, tráfico de armas, delitos financieros, bancarios y tributarios, entre otros.
Esta iniciativa busca potenciar las formas de enfocar una investigación patrimonial, las tipologías propias del lavado de activos y nuevas tendencias. Para hacerlo, la PDI ha dispuesto una dotación total de 116 funcionarios los que trabajarán en brigadas ubicadas en las regiones Tarapacá, Coquimbo, O ́Higgins, Maule, Ñuble, Aysén y Magallanes.
Esta brigada, que a la fecha sólo existía en la región Metropolitana, cuenta con investigaciones exitosas como la “Operación Tributos”, en la que se desarticuló una organización criminal compuesta por siete clanes empresariales y se logró recuperar un patrimonio de $27.000.000.000 aproximadamente.
Otro de los logros de la Brilac fue la “Operación Rey Midas”, en que se detuvieron a 35 imputados que formaban parte de una organización criminal transnacional que realizó contrabando y extracción ilegal de oro, para su posterior exportación a Suiza y Dubai- EAU mediante un complejo mecanismo de blanqueo del metal. La desarticulación de esta agrupación, que creó una gran red empresarial criminal, se dedicó a defraudar al fisco lo que provocó un perjuicio fiscal de $ 4.208.000.000.
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