El perjuicio fiscal estimado asciende a más de $7.600 millones y, según explicó la jefa comunal, se trata de una “solidez financiera irreal” proyectada por la gestión anterior.
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La administración municipal de San Miguel, encabezada por la alcaldesa Carol Bown, presentó una querella por fraude al fisco luego de detectar serias irregularidades en la elaboración del presupuesto 2025.
El perjuicio fiscal estimado asciende a más de $7.600 millones y, según explicó la jefa comunal, se trata de una “solidez financiera irreal” proyectada por la gestión anterior.
Al asumir el mando, la autoridad ordenó una revisión exhaustiva del presupuesto y lo que halló encendió todas las alertas: ingresos sobreestimados por $4.687 millones y gastos subestimados por otros $2.923 millones. “No estaba construido sobre la realidad”, afirmó. La situación impidió avanzar en iniciativas clave como su plan de seguridad, debido a la falta real de fondos.
El informe elaborado por la Dirección de Administración y Finanzas municipal también advierte que áreas críticas como la mantención de alumbrado público, recolección de residuos o programas de empleo fueron subpresupuestadas respecto a su gasto histórico. “Hemos tenido que hacer malabares con el presupuesto línea por línea. No hay plata”, lamentó Bown, señalando que el municipio incluso tuvo que postergar arreglos básicos y recortes en actividades para la comunidad.
La querella fue ingresada ante el 11° Juzgado de Garantía de Santiago y va dirigida contra todos quienes resulten responsables de la formulación presupuestaria cuestionada. Aunque no se identifican delitos individualizados, sí se pide que declaren ante la justicia figuras clave de la administración anterior, incluyendo a la exalcaldesa Érika Martínez, el exSECPLA Sebastián Ahumada y el exDAF Jaime Rodríguez D’Amico.
“No es una persecución política. Tengo el deber de denunciar, pero también de explicar por qué no podemos cumplir con lo que se había prometido a la ciudadanía”, enfatizó Bown, quien ya había interpuesto en enero una denuncia contra la Corporación Municipal por presunta malversación de más de $1.000 millones.
Ambas acciones judiciales forman parte de un proceso de auditoría impulsado por la actual administración, en lo que ha calificado como una crisis financiera heredada que pone en riesgo el funcionamiento regular del municipio.
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