La indagación se centra en irregularidades detectadas en dos licitaciones de la Dirección de Aseo, Paisajismo y Medio Ambiente (Dimap): una para mantención de áreas verdes y otra para recolección de basura.
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La semana pasada, el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias (Independiente-Chile Vamos), denunció ante la Fiscalía Centro Norte un posible fraude al fisco y presentó una querella por estafa.
Los hechos investigados, liderados por la fiscal Patricia Cerda, habrían ocurrido durante la gestión de Gonzalo Durán (FA), actual delegado presidencial de la región Metropolitana. La indagación se centra en irregularidades detectadas en dos licitaciones de la Dirección de Aseo, Paisajismo y Medio Ambiente (Dimap): una para mantención de áreas verdes y otra para recolección de basura.
Según consigna Ciper Chile, la municipalidad también realiza un sumario interno y permitió un allanamiento voluntario de la PDI el 21 de marzo, donde se incautaron computadores de empleados vinculados a las licitaciones. La querella fue aceptada por el Tercer Juzgado de Garantía de Santiago el 26 de marzo de 2025.
Los contratos cuestionados fueron adjudicados a Servicios Generales de Aseo Aromos SpA y Tresur SpA, vigentes hasta 2026. Según Iglesias, se detectaron pagos por trabajos incompletos, contratación de familiares del inspector técnico, multas no cobradas y doble facturación.
Solo las irregularidades con Tresur habrían generado un perjuicio de $2.498 millones, equivalente al 10% del presupuesto municipal.
Iglesias declaró a Ciper que, aunque el delito aún es presunto, el impacto patrimonial sería significativo. Por su parte, Gonzalo Durán afirmó desconocer la denuncia, pero respaldó las investigaciones y los sumarios administrativos para esclarecer responsabilidades.
En julio de 2022, la municipalidad licitó el mantenimiento de 205.010 m² de áreas verdes por 36 meses. En diciembre, el contrato fue readjudicado a Aromos SpA tras el incumplimiento de la empresa inicial.
Según la denuncia del alcalde Iglesias, Aromos SpA recibió pagos completos sin presentar los informes exigidos ni respaldos fotográficos. Además, se detectó que dos hijos del inspector técnico municipal fueron contratados por la empresa, lo que compromete la probidad administrativa. El contrato cubre 108 espacios, pero la municipalidad cuestiona si se ha cumplido con la totalidad del metraje.
El servicio de recolección y limpieza fue adjudicado en agosto de 2021 a Tresur SpA, vigente hasta noviembre de 2026.
Según la denuncia, la empresa emitió doble facturación por varios meses, generando un perjuicio de $2.278 millones.
Además, de 103 multas aplicadas por incumplimientos, solo seis fueron cobradas, dejando sin efecto 97 multas por un total de $112 millones. El perjuicio municipal acumulado asciende a $2.498 millones y la investigación sigue en curso.
PURANOTICIA
