El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible la acción legal contra Sebastián Salazar, exsocio del futuro subsecretario Andrés Jouannet, por presunta asociación criminal y lavado de activos en operaciones de apuestas ilegales.
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El Cuarto Juzgado de Garantía de Santiago declaró admisible una querella presentada por Polla Chilena de Beneficencia contra Sebastián Salazar, exsocio del futuro subsecretario de Seguridad, Andrés Jouannet, cuestionado por sus vínculos comerciales con personas procesados por delitos económicos.
Según informó La Tercera, la querella es patrocinada por el abogado Isidro Solís y apunta contra nueve personas vinculadas a plataformas de apuestas online, a quienes les imputa los delitos de asociación criminal y lavado de activos.
Entre los imputados figura aparece Slazar, a quien se identifica como representante y dueño de la sociedad Inversiones y Asesorías Integral Solutions SpA, conocida comercialmente como Pagadoor.
Además, en la querella se señala que los imputados habrían instalado “una verdadera organización que gira en torno a la comisión de otros delitos, cuales son justamente los relativos a la conducta del juego y la apuesta”, operando mediante una estructura jerarquizada con distribución de funciones y contratos tanto publicitarios como financieros para viabilizar el negocio.
En ese esquema, los denominados PSP (proveedores de servicios de pago) se comprometían a seguir instrucciones de los sitios de apuestas para acreditar o debitar dineros en cuentas bancarias en Chile. Para la estatal, el sistema no sería autónomo, sino que estaría sujeto a contratos que permitirían canalizar recursos provenientes de actividades ilícitas.
Respecto del presunto lavado de activos, Polla Chilena sostiene que los montos recaudados a través del juego ilegal eran procesados por estas plataformas de pago y luego remitidos a entidades extranjeras que dirigirían el mercado, además de pagar premios a apostadores chilenos con fondos que, a juicio del querellante, deberían caer en comiso.
Finalmente, La Tercera confirmó que, tras ser admitida la querella, el caso fue derivado al Ministerio Público, específicamente a la Fiscalía Oriente, que es liderada por la fiscal regional Lorena Parra, aunque aún no tiene un persecutor a cargo.
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