La abogada defensora explicó que “al menos 17 abogados intervinieron en el proceso sin que ninguno advirtiera sobre la normativa aplicable. Consideramos que la ausencia de alertas jurídicas evidencia una falla institucional, más que un error de las involucradas”.
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El presidente Gabriel Boric solicitó la renuncia de la ministra de Defensa, Maya Fernández, debido a las controversias generadas por el intento fallido de compra de la casa del expresidente Salvador Allende para convertirla en museo. La transacción, que involucraba a Fernández y a su tía, la senadora Isabel Allende, copropietarias del inmueble, está bajo investigación por presunta negociación incompatible y fraude al Fisco.
La defensa de ambas, encabezada por la abogada Paula Vial, sostiene que el proceso pasó por múltiples funcionarios del gobierno sin que nadie advirtiera sobre posibles irregularidades. Desde la oposición, la salida de Fernández fue interpretada como un reconocimiento implícito de haber infringido la ley, mientras que la defensa argumenta que la acusación tiene un trasfondo político. Aseguran que ni la exministra ni su tía actuaron de mala fe, sino que siguieron las indicaciones que recibían en el proceso.
En entrevista con La Tercera, la abogada Paula Vial señaló que “el daño causado a la familia es irreparable y no implica admisión de responsabilidad”.
Uno de los puntos más debatidos es la falta de advertencias por parte del gobierno respecto a la inconstitucionalidad de la operación. “Se señala que al menos 17 abogados intervinieron en el proceso sin que ninguno advirtiera sobre la normativa aplicable. Consideramos que la ausencia de alertas jurídicas evidencia una falla institucional, más que un error de las involucradas”.
Vial también enfatiza que “ni Fernández ni Allende tenían un rol activo en la negociación ni gestionaban el contrato directamente. Se confiaba en que los funcionarios responsables realizarían las revisiones correspondientes y detectarían cualquier irregularidad. La falta de advertencia fue lo que permitió que el proceso avanzara hasta el punto de generar la crisis actual”.
A pesar de la polémica, el tema sigue siendo discutido en el Tribunal Constitucional, ya que la prohibición en cuestión no se aplicaría en todos los casos. La defensa sostiene que “la confianza depositada en el gobierno fue traicionada y se ha hecho un uso político del caso. La controversia ha dejado en evidencia fallas en los procedimientos administrativos y ha puesto en entredicho la responsabilidad del Ejecutivo en la fallida compra del inmueble”.
La abogada sostiene que “ambas confiaron en que el proceso de compraventa de la casa de Salvador Allende no presentaba problemas legales. Argumentan que, si la norma constitucional que impedía la transacción hubiese sido mencionada, ellas nunca habrían participado. Consideran que la advertencia debió provenir de quienes gestionaban el proceso, pero que en ningún momento hubo una alerta jurídica clara sobre la situación”.
El debate sobre la responsabilidad en este caso sigue abierto. Vial insiste en que “las involucradas actuaron de buena fe y que la gestión del proceso correspondía a funcionarios del gobierno y de la administración pública. Aunque hubo advertencias de tipo político-comunicacional, no se les informó sobre impedimentos legales. Si se hubiera conocido la restricción constitucional, la operación habría sido detenida de inmediato”.
En cuanto al rol de las implicadas, la abogada destaca que “su participación fue pasiva, limitándose al interés del Estado por adquirir la casa y convertirla en museo”. Para ello, designaron un mandatario, Felipe Vio, quien mantenía informadas a las propietarias sobre el proceso sin advertir ninguna irregularidad legal. La defensa recalca que “la intención de la familia era contribuir a la memoria histórica y no obtener beneficios indebidos”.
Otro punto cuestionado es el ajuste del precio de venta, que pasó de $830 millones a $900 millones. Paula Vial sostiene que “el precio inicial fue menor a las tasaciones realizadas, que estimaban un valor de $1.200 millones, por lo que la diferencia no representó un aumento arbitrario, sino una corrección basada en criterios técnicos”. También descartan que hubiera una negociación irregular o que la familia buscara un beneficio desproporcionado.
Finalmente, la abogada niega que la Fundación Salvador Allende administraría la casa en comodato y asegura que la idea del museo fue impulsada desde la Presidencia.
PURANOTICIA
