Francisca Burgos Bustos relató que desde el inicio hubo presión por parte de Pablo Maino, jefe de división de la cartera.
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En el marco de la investigación por la fallida compraventa de la casa que perteneció al expresidente Salvador Allende, la Fiscalía Regional de Coquimbo ha tomado declaraciones a diversos funcionarios involucrados en el proceso. Una de ellas corresponde a Francisca Burgos Bustos, abogada del Ministerio de Bienes Nacionales, quien reveló presiones internas para acelerar el trámite y reconoció haber omitido una prohibición constitucional clave.
De acuerdo con información publicada por Emol, la funcionaria señala que el proceso de compra fue excepcional dentro del ministerio: “Respecto a la compra de este inmueble debo mencionar que es primera vez que tengo conocimiento que como Ministerio de Bienes Nacionales compramos de oficio, ya que lo que se acostumbra es comprar a solicitud de otros servicios y ministerios".
"Sin embargo, esta vez como los fondos estaban asociados a nuestro ministerio debía nacer desde el mismo la necesidad de compra, por lo que entiendo que se tomó como iniciativa la ya propuesta anteriormente por el Servicio del Patrimonio y las Culturas”, agregó.
La operación contemplaba una compraventa cercana a los mil millones de pesos. La abogada relató que desde el inicio hubo presión por parte de Pablo Maino, jefe de división de la cartera: “Desde el momento en que llega el oficio a nuestro departamento nos pide constantemente que nos apuremos, debido a que esta compra se debía ejecutar lo antes posible, ya que de no hacerse se podrían perder los dineros asignados a este proyecto, inclusive entregándonos un cronograma respecto a los plazos que teníamos”.
La egresada de la Universidad de Chile en 2022 explicó que su rol como abogada analista consistía en verificar la viabilidad jurídica del inmueble: “Mi labor como analista del departamento de adquisición era comprobar que el inmueble fuese jurídicamente apto para su adquisición, hecho que implica la revisión de las inscripciones en el conservador de bienes raíces, que no tenga algún tipo de prohibición de venta o limitante, que no tenga deudas, como por ejemplo servicios básicos y contribuciones”.
Sin embargo, al ser consultada por los fiscales, reconoció una grave omisión: “Debo señalar que en la revisión de los documentos olvidé que existía una prohibición constitucional respecto a la venta de esta propiedad, por cuanto dentro de sus dueños existía una senadora (Isabel Allende, PS) y una ministra (Maya Fernández, PS). Pero debo aclarar que mi labor principal era realizar un análisis documental del inmueble, lo que implica los estudios de títulos”.
Ambas autoridades dejaron sus cargos en medio de la controversia: Isabel Allende fue removida por el Tribunal Constitucional y Maya Fernández renunció voluntariamente.
Aunque Burgos redactó el contrato de compraventa, el proceso involucró a funcionarios de distintas reparticiones, incluyendo Presidencia y el Ministerio de las Culturas.
Tanto la ministra Carolina Arredondo como la exministra Marcela Sandoval -quien dejó su cargo tras el escándalo- declararon que sus equipos levantaron alertas jurídicas y comunicacionales que fueron comunicadas a La Moneda. Asesores presidenciales, sin embargo, han negado haber recibido dichas advertencias.
La abogada detalló que, pese a que la redacción del contrato correspondía a la división jurídica, fue instruida directamente por Maino: “Es así que ya teniendo esta respuesta se puede proceder a la redacción del contrato de compra, siendo la encargada de esto la división de jurídica antes mencionada".
"Sin embargo, una vez más en virtud a la celeridad del trámite es Pablo Maino quien me solicita realizar dicho contrato, el cual una vez realizado se lo envió directamente a Carolina Thomas, abogada de la división jurídica, para que esta le dé curso”, cerró.
PURANOTICIA
