El documento abarca el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
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La Fiscalía Nacional dio a conocer un nuevo informe elaborado por su División de Estudios y la Unidad Especializada en Derechos Humanos, centrado en los hechos delictivos denunciados ante el Ministerio Público en el contexto del estallido social.
El documento abarca el período comprendido entre el 18 de octubre de 2019 y el 31 de marzo de 2020.
Durante los cinco meses analizados se registraron 32.901 causas, que corresponden a 35.146 delitos, con 21.766 imputados conocidos y 20.727 víctimas. De estas últimas, 19.979 eran personas naturales y 748 jurídicas, es decir, empresas e instituciones.
Los meses de octubre y noviembre concentraron la mayor cantidad de denuncias, con un 37% y 35,1% del total, respectivamente. Aunque los casos disminuyeron en diciembre, enero y febrero, en marzo se observó un repunte, con 3.598 delitos, equivalentes al 10,2% del total.
El informe clasifica los delitos en seis categorías principales:
- Violencia institucional ejercida por agentes del Estado: 34,1%.
- Saqueos y delitos contra la propiedad: 31,7%.
- Desórdenes públicos: 22,7%.
- Maltrato contra agentes del Estado: 9,4%.
- Incendios: 2,1%.
- Fallecimientos en contexto de estallido social.
- Imputados y víctimas: perfil y distribución.
Los delitos de violencia institucional presentan el mayor porcentaje de imputados desconocidos (93,3%), seguidos por los incendios (78,3%) y los saqueos (70,9%).
En contraste, los desórdenes públicos y el maltrato contra agentes del Estado muestran mayor proporción de imputados identificados (83,3% y 51,5%, respectivamente).
Entre los imputados conocidos, el 84,3% eran hombres y el 15,7% mujeres, ambos con una edad promedio de 26 años. En cuanto a las víctimas, el 78% eran hombres (promedio de edad: 32 años) y el 22% mujeres (promedio de edad: 34 años).
Las Fiscalías Metropolitanas concentraron el 46,9% de los ingresos a nivel nacional. La Metropolitana Oriente lideró con un 14,7%, seguida por la Centro Norte (13,2%), Occidente (10,2%) y Sur (8,9%). En regiones, Valparaíso (8,6%) y Antofagasta (7,8%) fueron las más representativas.
Respecto a las comunas con mayor carga delictiva, en la región Metropolitana, las comunas de Santiago, Providencia y Puente Alto registraron la mayor cantidad de delitos. Por tipo de fenómeno, destacan:
- Violencia institucional: Santiago (76%), Renca (54%), Recoleta (53%).
- Delitos contra la propiedad: Macul (72%), Las Condes (63%), La Florida (61%).
- Maltrato a agentes del Estado: Padre Hurtado (40%).
- Desórdenes públicos: La Cisterna (34%), Pedro Aguirre Cerda (30%).
- Incendios: ninguna comuna supera el 10%.
Se registraron 11.506 causas y 12.002 delitos, con 11.183 víctimas naturales y 958 imputados conocidos. El 70,4% corresponde a apremios ilegítimos, seguido por abusos contra particulares (20%). También se contabilizaron 211 casos de tortura y 226 de lesiones graves.
En este grupo se identificaron 464 víctimas de trauma ocular, de las cuales el 87% eran hombres y el 92% mayores de edad. El 84% de las lesiones fueron provocadas por proyectiles (balines, perdigones, bombas lacrimógenas), mientras que otras se atribuyen al carro lanza aguas (25 casos) y a golpes (24 casos).
El Maltrato contra agentes del Estado arrojó 3.142 causas ingresadas, correspondientes a 3.293 delitos, con 2.012 imputados y 2.819 víctimas naturales.
Los incendios registraron 703 causas y 732 delitos, con 220 imputados conocidos, 434 víctimas naturales y 135 jurídicas.
Los saqueos y delitos contra la propiedad contabilizaron 10.627 causas y 11.156 delitos, con 8.383 imputados conocidos. Las víctimas suman 6.036, de las cuales 5.349 son personas y 686 empresas o instituciones.
Los desórdenes públicos y otros delitos contabilizan 7.717 causas ingresadas, que corresponden a 7.965 delitos, con 11.456 imputados conocidos. Las víctimas fueron 586 personas y 124 jurídicas.
Durante el período analizado se recibieron denuncias por 30 fallecimientos vinculados al estallido social. El 93% de las víctimas eran hombres y el 86,7% mayores de edad. Un 10% eran menores y una persona no cuenta con datos de edad ni sexo.
Las muertes se relacionan principalmente con incendios, seguidas por enfrentamientos entre particulares en el marco de desórdenes públicos, y por acciones u omisiones de agentes del Estado en casos de violencia institucional.
PURANOTICIA
