A juicio del general Ricardo Yáñez y sus abogados, el Ministerio Público se ha extralimitado de sus funciones, pues, por ejemplo, aumentó de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos en la carpeta investigativa del caso por el que lo formalizarán.
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El tiempo y los recursos legales se le están agotando al general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, para evitar la formalización en su contra el próximo 7 de mayo, es decir, en 12 días más, por su responsabilidad del mando por omisión en las violaciones a los derechos humanos durante el estallido social.
Yáñez ya acordó con el presidente Gabriel Boric su salida antes de la formalización. Sin embargo, su defensa, encabezada por el abogado Jorge Martínez, ha intentado varios recursos legales después de que el Tribunal Constitucional rechazó en dos oportunidades suspender la causa.
Según detalla La Tercera, el martes su defensa presentó un recurso de amparo en la Corte de Apelaciones de Santiago por ver “perturbada y amenazada la libertad personal y seguridad individual” del jefe policial “por actos administrativos inconstitucionales e ilegales cometidos por el Ministerio Público”.
A juicio del general y sus abogados, el Ministerio Público se ha extralimitado de sus funciones, pues, por ejemplo, aumentó de 400 a 1.386 los casos de violaciones a los derechos humanos en la carpeta investigativa, sin precisar en cuántos de esos el general director tuvo una conducta de delito omisivo.
Sin embargo, el recurso fue rechazado por la Corte. “Aceptarlo importaría distorsionar tanto la finalidad de la acción de amparo como la regularidad elemental del procedimiento que la rige, sin perjuicio de la cautela de garantías ya ejercida en los mismos antecedentes”, argumentó el tribunal de alzada.
El miércoles se interpuso una orden de no innovar en que pidió paralizar el proceso que llevan adelante el fiscal regional Centro Norte, Xavier Armendáriz, y la fiscal de Alta Complejidad, Ximena Chong.
“Mi representado se ha visto privado de su derecho al conocimiento de los hechos que se le imputarán desde el momento que adquiere la calidad de imputado, su derecho a ser oído y su derecho a tener un plazo razonable para preparar su defensa material; puesto que los hechos de la carpeta investigativa han mutado, aumentando progresivamente (...) los delitos que se busca imputar”, se lee en el escrito.
Se desconoce el resultado de esta orden de no innovar, pero en las últimas horas la defensa de Yáñez ingresó dos importantes escritos más.
El primero tiene que ver con un recurso de inhabilidad presentado por el abogado del general contra los fiscales Chong y Armendáriz, a través de un escrito enviado al fiscal nacional Ángel Valencia.
En el texto acusa imparcialidad en el proceso investigativo, como también una vulneración a sus derechos, en la misma línea de lo que dice el recurso de amparo.
Sin embargo, esta no es la primera vez que apunta en contra de Armendáriz y Chong. El 24 de noviembre de 2023 también presentó una solicitud de inhabilidad.
En esa oportunidad, el abogado Martínez aseguró que ambos fiscales han demostrado “mediante hechos concretos, su enemistad, odio o resentimiento contra la persona del general director de Carabineros y contra la institución, tanto en esta investigación como en otras seguidas a su cargo, por hechos ocurridos a partir del 18 de octubre de año 2019″. Pero esa vez Valencia rechazó el requerimiento.
Ahora, ingresado el documento, el fiscal nacional le dio a Armendáriz 48 horas para hacer sus descargos, ante la nueva solicitud del abogado del general Yáñez, quien además acusó ante la Corte la manera en que el Ministerio Público ha llevado el caso.
El segundo escrito fue presentado en la Corte de Apelaciones de Santiago, con el fin de pedir una “medida precautoria” para suspender la tramitación de la causa y preparar una demanda contra el Ministerio Público.
“En los tres años de investigación, la Fiscalía nunca ha explicado ni detallado cuáles son los cargos claros, precisos y determinados por los cuales está investigando a mi representado; cuestión que cobra especial relevancia cuando pase a explicar la formalización que solicitó el Ministerio Público, que constituye el acto cuya nulidad se solicitará, por haberse ejercido fuera de las competencias constitucionales y legales que tiene dicho órgano del Estado”, explicó el abogado Martínez a la Corte.
Para la defensa de Yáñez, el ente persecutor está “creando un delito” al imputarle el delito omisivo por apremios ilegítimos, pues -a su juicio- este solo es aplicable cuando el oficial ve en terreno que la conducta de su subordinado se aleja del protocolo o marco regulatorio de sus funciones.
Lo anterior, se lee en el escrito, “es EVIDENTE (sic), y quedará de manifiesto en la demanda que interpondremos, ya que el delito de apremios ilegítimos omisivo solo puede cometerse por una persona que haya tenido al menos la posibilidad de realizar una conducta con el fin de detener los acontecimientos con un conocimiento que no sea extemporáneo. Esto se denomina la actualidad del dolo, e implica que el sujeto estuvo presente en el lugar de los hechos”.
Esta acción sorteó una primera barrera, ya que se acogió el requerimiento de designar un ministro de fuero para tramitar la medida precautoria. Se trata de ministro de la Corte de Apelaciones, Jorge Zepeda.
De esta manera, el general Yáñez intentará llegar a noviembre en el cargo, cuando termina su mandato constitucional. Así se convertiría en el primer general director en completar el periodo en 14 años. De lo contrario, deberá renunciar antes de la formalización, según establece el llamado “criterio Tohá”. Además, él mismo dijo que no se sentará en el banquillo de los acusados como general director.
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