La Cámara de Diputados respaldó el informe de la comisión mixta al proyecto que impone al personal de las fuerzas policiales el deber de respetar, proteger y garantizar, sin discriminaciones arbitrarias, los derechos humanos. Además, cada institución deberá elaborar e implementar un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses.
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El proyecto que efectúa adecuaciones legales y administrativas, en las normas y procedimientos de las fuerzas de orden y seguridad pública ya puede pasar al Ejecutivo para su promulgación.
La moción establece la modernización y el fortalecimiento de los estándares de transparencia y probidad. Para ello, incorpora sistemas y protocolos de estrategia y gestión operativa cuya fin es garantizar el control institucional, gubernamental y ciudadano de las instituciones policiales.
En su paso por la Comisión Mixta se sustituyó el nombre original del proyecto. De este modo, pasó de “modernizar la gestión institucional y fortalecer la probidad y la transparencia en las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública” a “fortalecer la gestión policial y establecer mecanismos de control financiero y disciplinario en los estatutos orgánicos de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública”.
De esta manera, las acciones de Carabineros y la PDI se orientarán a la prevención de delitos, control y el restablecimiento del orden público y a la seguridad pública. Su personal tiene el deber de respetar, proteger y garantizar, sin discriminaciones arbitrarias, los derechos humanos y libertades de las personas, así como velar por la integridad de las personas bajo su custodia, según consigna la Cámara de Diputados.
Las instituciones tienen el deber de proveer a sus funcionarios del equipamiento adecuado para el cumplimiento de sus funciones. Además, promueve un sistema de registro audiovisual de los procedimientos policiales; elementos de protección personal; y de medios disuasivos menos letales.
Alcances sobre probidad
El personal policial deberá dar estricto cumplimiento al principio de probidad administrativa. Para aquello, cada institución elaborará e implementará un sistema de auditoría de las declaraciones de patrimonio e intereses.
Durante el primer trimestre de cada año, el titular de Carabineros y de la PDI definirá un Plan Anual de Gestión Operativa y Administrativa. Este deberá ser aprobado por el Ministerio del Interior y tendrá por objeto permitir ejecutar satisfactoriamente el Plan Estratégico de Desarrollo Policial.
El superior a cargo de un procedimiento policial deberá poner en conocimiento a sus subalternos respecto de sus riesgos, características y particularidades, con el fin de promover su desarrollo eficaz y el debido resguardo de los derechos de las personas.
También se exige que las instituciones policiales generen un modelo de control interno para la prevención y control de conductas indebidas. Asimismo, deberá contemplar temas como faltas a la probidad funcionaria, infracciones o faltas a los códigos de conducta y reglamentos disciplinarios.
Adicionalmente, dispone la existencia, en cada institución, de una unidad especializada encargada de la función de auditoría interna. Su finalidad será controlar las operaciones financieras y contables; proponer los objetivos institucionales de auditoría y otras acciones orientadas al uso eficiente y eficaz de los recursos financieros, junto con elaborar un plan anual de auditoría interna.
PURANOTICIA
