El titular de la Segpres confirmó su rechazo a una eventual extensión del tiempo de redacción a dos años. Asimismo, se cuadró con los dichos de su par de Gobierno, Juan Francisco Galli.
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El ministro de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Juan José Ossa, confirmó su rechazo a una eventual extensión del tiempo para redactar la nueva Constitución, luego de que el lunes se diera inicio a las discusiones de fondo tras haber aprobado el reglamento interno de la Convención Constitucional hace unos días.
La idea fue planteada por el independiente Manuel Woldarsky, quien apuntó que la escritura de un texto tan importante como la Carta Magna requiere una discusión con “el tiempo debido”, por lo que debería haber un plazo de dos años, muy superior al impuesto en el Acuerdo por la Paz y la Nueva Constitución anunciado en noviembre de 2019.
Al respecto, Ossa comentó a Tele 13 Radio que la medida "no corresponde" y que "todavía ni si quiera se acerca el plazo de prórroga de nueve meses más tres meses y ya hay convencionales que quieren que se entiende a dos años (…) la ciudanía les hizo un encargo que tiene un plazo específico por una razón, justamente por su relevancia".
En esa línea, el secretario de Estado afirmó que el trabajo de la Convención "viene a alterar, cambiar y modificar algo tan grande como las reglas de nuestro pacto social (y) tiene que ser en un plazo acotado. La incertidumbre no le hace bien a nadie, no le hace bien a las familias, a la economía, a la política".
En la oportunidad, el titular de la Segpres también se cuadró con el subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, quien fue acusado de intervencionismo electoral al tildar de culpables a los candidatos presidenciales Gabriel Broic (Apruebo Dignidad) y Yasna Provoste (Nuevo Pacto Social), además de la diputada Catalina Pérez (RD) y el convencional Fernando Atria, por la violencia en las manifestaciones por el segundo aniversario del estallido social.
"Está muy lejos de ser intervencionismo electoral", aseguró Ossa, quien agregó que "el Gobierno tiene todo el derecho a dar su opinión respecto a líderes nacionales y que han fijado posiciones”.
“Suelen hacer campañas presidenciales criticándonos a nosotros, y cuando uno tiene una discrepancia pareciera ser que la molestia es muy profunda y se quiere cancelar a quienes opinan distinto", cerró el ministro.
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