La mandataria fue destituida por el Congreso de su país en un proceso exprés, luego de que el parlamento unicameral, con 118 votos a favor, aprobara la vacancia por "permanente incapacidad moral" en la madrugada de este viernes.
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Dina Boluarte, la primera mujer en ocupar la presidencia de Perú, corrió la misma suerte que todos sus predecesores desde 2018 y perdió el poder prematuramente.
La mandataria fue destituida por el Congreso de su país en un proceso exprés, luego de que el parlamento unicameral, con 118 votos a favor, aprobara la vacancia por "permanente incapacidad moral" en la madrugada de este viernes.
La salida de Boluarte ha causado sorpresa, pues, a pesar de que su gestión enfrentaba un abrumador rechazo popular y fue marcada por múltiples escándalos, había logrado permanecer en el poder.
Desde su llegada a la Jefatura de Estado —tras el fallido autogolpe de Pedro Castillo en diciembre de 2022— Boluarte forjó una alianza con el fujimorismo y otras fuerzas políticas, lo que le permitió mantener el control del legislativo.
Sin embargo, esa unión se deshizo. ¿Por qué?
A continuación, te presentamos tres razones.
La gestión de Boluarte estuvo llena de errores. No obstante, el auge de la delincuencia y la violencia criminal fue lo que le dio el golpe final.
El ataque a tiros contra la banda de cumbia Agua Marina en un concierto en un club militar en Lima fue el detonante de la crisis que expulsó a Boluarte de la Casa de Pizarro, como también se conoce al palacio presidencial.
Los datos acreditan que Perú es cada vez más peligroso y violento. En el primer semestre de 2025 se registraron 161 homicidios más que en el mismo periodo de 2024, según el Sistema de Información de Defunciones (Sinadef). Solo en el pasado agosto hubo 209 homicidios.
Y un informe de Human Rights Watch alertó de que Perú es uno de los países de la región donde más han aumentado las muertes violentas.
Las encuestas muestran que la delincuencia es una de las principales preocupaciones ciudadanas, mientras que la extorsión a negocios y empresas es uno de los temas de conversación más habituales.
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Y no podía ser distinto, pues entre enero y septiembre de 2025 se registraron 20.705 denuncias, lo cual implica una cada 19 minutos, de acuerdo con las propias estadísticas de la Policía Nacional de Perú.
Las empresas y trabajadores del transporte han sido uno de los blancos predilectos de los grupos criminales dedicados a la extorsión.
Unos 180 conductores han sido asesinados en lo que va del año por negarse a pagar lo exigido por las mafias, según el Observatorio del Crimen y la Violencia.
En los últimos años, los paros y huelgas de transportistas para exigir seguridad son habituales en Lima, sin que el gobierno haya encontrado cómo aplacar el descontento reinante del sector.
El ejecutivo ha decretado el estado de emergencia y ha desplegado a las fuerzas armadas en diferentes lugares del país, pero hasta ahora la estrategia no ha servido para reducir los niveles de criminalidad.
El reciente ataque contra Agua Marina ha sido visto como una escalada en la violencia e impunidad con la que actúan los grupos delictivos.
El suceso se registró en el Círculo Militar de Chorrillos, un centro recreativo cuyos socios son en su mayoría militares, en el que ingresaron unos desconocidos armados y abrieron fuego contra los asistentes al concierto.
Asimismo, ha trascendido que previamente la agrupación musical recibió amenazas de un grupo liderado por Erick Luis Moreno Hernández, un criminal apodado "El Monstruo". Según el diario El Comercio, el delincuente le habría advertido a los artistas que no realizaran ningún concierto en la zona sin primero pagar "un cupo" (extorsión).
El auge delictivo terminó de hundir en las encuestas a Boluarte.
Para septiembre pasado, solamente el 3% de los peruanos aprobaban la gestión de la ahora expresidenta, reveló la encuestadora Ipsos. Sin embargo, otros estudios le llegaron a otorgar 0% de popularidad entre los jóvenes de 18 a 24 años, una cifra inédita para ningún gobernante en tiempos modernos.
Fueron los sucesivos escándalos de corrupción los que dañaron irremediablemente la imagen de la exmandataria.
En lo más de dos años en el poder, Boluarte ha sido implicada en al menos siete casos distintos, algunos de los cuales la han llevado a declarar ante la fiscalía y a que su residencia sea registrada por la Policía.
A la ya expresidenta se la acusa de cohecho impropio por haber presuntamente aceptado regalos de relojes Rolex y joyas de alto valor, cuyo origen no pudo explicar.
En diciembre de 2024, la Fiscalía abrió una investigación por los presuntos delitos de omisión de actos funcionales y abandono del cargo después de las revelaciones periodísticas que señalaron que se había ausentado del cargo para someterse a operaciones de cirugía estética sin informar al Congreso, como exige la ley.
La expresidenta ha negado haber incurrido en alguna irregularidad y en marzo pasado denunció que las investigaciones que la fiscalía tiene en su contra formaban parte de "un golpe de estado blanco".
"Ahora, los golpes de Estado ya no vienen del ejército, sino del Ministerio Público", afirmó.
Las declaraciones de la removida mandataria ocurrieron luego de que la casa de su exministro del Interior, Juan José Santiváñez, fuera allanada por la policía. A Santiváñez se le señala de intentar desmantelar una unidad de la policía que ha colaborado en las investigaciones contra Boluarte y sus allegados.
Con la salida de Boluarte del palacio de gobierno, los procesos judiciales en su contra se acelerarán. Así lo dejó en claro el fiscal general, Tomás Gálvez, quien recordó que "el Tribunal Constitucional paralizó de algún modo las investigaciones".
Y para evitar que la exgobernante aplique la misma estrategia de alguno de sus antecesores, el funcionario anunció que solicitará a los tribunales que le prohíban la salida del país.
"En cuanto amanezca, estaremos presentando el requerimiento de impedimento de salida tanto desde la fiscalía provincial, porque ahí tenemos algunas investigaciones, y también desde la Fiscalía de la Nación", declaró Gálvez en la madruga del viernes a la emisora RPP.
Pese a que en 2023 aseguró ser "una mujer de paz, dialogante, concertadora que cree en la democracia", el accionar de la mandataria en estos meses reveló algo distinto.
La dura represión que ordenó contra las protestas que siguieron a la destitución y posterior encarcelamiento del expresidente Castillo en diciembre de 2022 la alejaron de los sectores indígenas, campesinos y de la izquierda que la llevaron a ella y a Castillo al poder.
"¿Cuántas muertes más quieren?", llegó a decir en una ocasión.
"No voy a renunciar", aseguró en 2022, al tiempo que acusó a los manifestantes de ser "terroristas" y de recibir financiamiento de fuerzas extranjeras, sin presentar ninguna prueba.
La ruptura con sus aliados se consumó definitivamente cuando Boluarte decidió no convocar elecciones presidenciales anticipadas tras asumir el poder, y en cambio, intentó completar el período constitucional para el que había sido elegido su defenestrado aliado, de quien fue vicepresidenta.
Y alcanzar este objetivo, Boluarte pactó con el fujimorismo y otras fuerzas de derecha, las cuales le permitieron sostenerse políticamente, a pesar de su nulo respaldo popular.
El acuerdo con sus otrora adversarios incluyó desacatar las órdenes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) en relación con la excarcelación del fallecido presidente Alberto Fujimori y de la aprobación de una serie de leyes que permiten que prescriban delitos de lesa humanidad y que conceden amnistía a policías y militares condenados por violaciones a los derechos humanos.
Muchos analistas aseguran que los congresistas evitaron impulsar la vacancia de Boluarte antes porque hubiera implicado la convocatoria adelantada de elecciones generales y, en consecuencia, se acortaría también su tiempo como parlamentarios.
Pero ahora que el periodo presidencial se acerca a su fin, previsto en julio de 2026, las fuerzas políticas que han sostenido a Boluarte han encontrado alicientes en dejarla caer y evitar el coste de ser vistos como el único soporte de una gobernante con un histórico rechazo popular.
"No he pensado en mí, sino en los más de 34 millones de peruanos y peruanas", aseguró la exmandataria en un discurso grabado, el cual fue retransmitido nada más conocer su remoción y en el que advirtió sobre las consecuencias que para "la estabilidad de la democracia" tendrá su salida.
Boluarte no hizo ningún tipo de mea culpa, sino que dedicó su última aparición desde el palacio presidencial a enumerar los logros de su administración.
Sin embargo, los peruanos no pudieron escuchar totalmente el discurso, porque el mismo fue interrumpido para transmitir la juramentación del nuevo mandatario, José Jerí, poniendo fin abruptamente a un gobierno que empezó de la misma manera.
(Imagen: Getty)
PURANOTICIA // BBC MUNDO
