El candidato de Juntos por el Perú, quien aventaja por estrecho margen a Rafael López Aliaga para pasar al balotaje, rechazó repetir los comicios y denunció una campaña sistemática de Fuerza Popular para instalar una narrativa de fraude tras la polémica salida del jefe de la ONPE.
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Para frenar una galopante crisis política e institucional que ha dejado un saldo de ocho presidentes en apenas una década —incluyendo al actual—, Perú busca definir su futuro electoral. En este escenario, el aspirante a la Presidencia por Juntos por el Perú, Roberto Sánchez, desestimó tajantemente la idea de llevar a cabo elecciones complementarias. Dicha iniciativa fue planteada por Rafael López Aliaga, quien lo secunda en el escrutinio, argumentando supuestas irregularidades en los comicios del 12 de abril. Sánchez calificó la propuesta como "caprichosa" y "sin base legal", añadiendo que este "capricho" cuenta con el respaldo de su "compadre" Keiko Fujimori, la virtual ganadora de la primera ronda.
En conversación con la emisora peruana RPP, el abanderado fue enfático respecto a la solicitud de su contendor: "No tiene ningún basamento legal, ningún criterio sustentado ni técnico ni nada, sino solamente la presión mediática, la presión política, que está precisamente afectando gravemente la institucionalidad democrática".
El candidato reprochó que estas y otras maniobras de la derecha peruana buscan menoscabar el sentir del voto ciudadano. Además, hizo hincapié en que una gran proporción de las actas impugnadas corresponden a zonas donde la izquierda peruana tradicionalmente obtiene sus mejores resultados. Actualmente, con el 94% de las actas examinadas, Sánchez mantiene el segundo lugar de las preferencias con un 12%, superando por apenas 17.000 votos a López Aliaga, quien registra un 11,9%. Este último ha sacudido el fantasma del fraude electoral a lo largo de la campaña, intensificando su discurso especialmente cuando el representante de Juntos por el Perú ascendía en el conteo.
Por otro lado, Sánchez cuestionó que la Junta Nacional de Justicia (JNJ) haya aceptado la destitución de Piero Corvetto, jefe de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE), argumentando que dicho puesto es "irrenunciable". Desde Juntos por el Perú remarcaron que el hecho es una "ilegalidad" promovida por la presión de la derecha, motivo por el cual convocaron a los suyos a salir a las calles.
Sobre las agrupaciones políticas de Fujimori y López Aliaga, respectivamente, el candidato denunció: "Esta determinación configura una perversa acción mediática, además de una campaña sistemática que busca instalar una narrativa de fraude, impulsada por Fuerza Popular y Renovación Popular".
La renuncia de Corvetto se concretó en las últimas horas, cediendo ante una fuerte presión de ciertos sectores políticos y mediáticos de Perú por su gestión de estas elecciones. Cabe recordar que el proceso debió ampliarse un día más luego de que unos 60.000 electores no pudieran ejercer su derecho al voto la jornada del domingo 12, ya sea por la falta de material electoral en algunos recintos o por el cierre de sus centros de votación.
Ante este escenario, Bernardo Juan Pachas Serrano ha sido designado como jefe interino de la ONPE. Esto ocurre a pesar de que la propia legislación del organismo no permite el cambio de titularidad en pleno proceso electoral, como sucede en este caso. Si no hay nuevos cambios, él será el encargado de gestionar la celebración de la segunda vuelta del 7 de junio.
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