El Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño pidió abrir una investigación sobre la sospecha de ese y otros crímenes contra la etnia con la mayor reserva indígena del país.
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¿Hubo un genocidio de indígenas yanomamis por parte de miembros del gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro en Brasil?
La pregunta pasó a ser un asunto judicial esta semana, cuando el Supremo Tribunal Federal (STF) brasileño pidió abrir una investigación sobre la sospecha de ese y otros crímenes contra la etnia con la mayor reserva indígena del país.
La orden fue dictada por Luis Roberto Barroso, magistrado del STF, el lunes en medio de la emergencia sanitaria que ha declarado el nuevo gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva para la comunidad yanomami.
Este pueblo indígena enfrenta en la región amazónica graves problemas que van desde desnutrición hasta infecciones respiratorias o paludismo, así como amenazas por grupos de minería ilegal que actúan en sus tierras, según autoridades y especialistas que los visitaron recientemente.
Distintas instituciones brasileñas e internacionales llamaron la atención sobre lo que pasaba con los yanomamis en los últimos años, sin lograr respuestas satisfactorias.
Bolsonaro, por su lado, ha sugerido que hay motivaciones políticas detrás de los señalamientos de crisis del pueblo yanomami y sostuvo que su gobierno brindó ayuda en territorios indígenas.
Hay varias claves para entender los motivos y alcances de la investigación ordenada por el Supremo.
Barroso pidió indagar "la posible participación de funcionarios del gobierno de Jair Bolsonaro en la práctica, en teoría, de los crímenes de genocidio, desobediencia, violación del secreto judicial y delitos ambientales relacionados con la vida, la salud y la seguridad de diversas comunidades indígenas".
Y determinó el envío a las autoridades de documentos que, a su entender, "sugieren un cuadro de absoluta inseguridad de los pueblos indígenas involucrados, así como la ocurrencia de acción u omisión, parcial o total, por parte de autoridades federales, agravando tal situación".
No se revelaron los nombres de los investigados porque el proceso transcurre en secreto.
Pero el magistrado indicó como ejemplo que el entonces ministro brasileño de Justicia, Anderson Torres, publicó en el Diario Oficial la fecha y hora de una operación secreta contra la minería ilegal en un territorio yanomami, lo que habría alertado a los invasores y dificultado la acción.
Barroso sostiene que los hechos "ilustran un cuadro muy grave y preocupante, así como la presunta práctica de múltiples ilegalidades, con la participación de altas autoridades federales".
Las investigaciones estarán a cargo de la Procuraduría General de la República (PGR), el Ministerio Público Militar, la Secretaría de Justicia y Seguridad Pública, y la Policía Federal.
La Corte Penal Internacional (CPI) define que el genocidio se caracteriza por "la intención específica de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso matando a sus miembros o por otros medios".
La CPI, con sede en La Haya, evalúa preliminarmente dos denuncias contra Bolsonaro por presuntos crímenes de genocidio en la pandemia del covid-19 y por la protección que recibieron los indígenas en su gobierno.
Las denuncias fueron presentadas por la Asociación de Pueblos Indígenas de Brasil (Apib) y la comisión Arns, una organización civil compuesta por juristas e intelectuales.
Con sede en La Haya, la Corte Penal Internacional juzga casos de genocidio y crímenes contra la humanidad.
Juristas consultados por BBC News Brasil señalan que hay elementos suficientes para iniciar una investigación como la ordenada por el Supremo, pero que se precisan pruebas para abrir paso a eventuales juicios.
Sylvia Steiner, jurista y única brasileña que fue juez en el tribunal de La Haya entre 2003 y 2012, explica que "el genocidio no es cualquier asesinato".
"Tiene que demostrarse que realmente hubo intención genocida, la intención de destruir total o parcialmente a esa comunidad, ya sea por motivos de religión, etnia, raza o nacionalidad", dice.
Y añade que de lo contrario, podría tratarse de un crimen contra la humanidad, "que es igual de grave" pero no está previsto en la legislación brasileña.
"Por ahora, no hay hechos probados. Hay algunos indicios en relación con el genocidio. Y esto siempre es complicado, porque hay que demostrar que hubo intención de eliminar a los yanomami de la faz de la Tierra", explica Steiner.
El abogado Belisário dos Santos Junior, de la Comisión Internacional de Juristas, recuerda que Brasil tiene una ley sobre genocidio desde 1956 que "reconoce no sólo la acción directa, sino también la incitación al genocidio".
Y sostiene que Bolsonaro parece haber asumido riesgos, en particular por sus "obsesiones" con la minería.
"No es normal que se deje a un pueblo sin asistencia médica, sin las condiciones mínimas de supervivencia", afirma Santos Junior, quien integra la comisión Arns.
"Los indígenas fueron sofocados de tal modo que las muertes y la reducción del grupo encajan, desde mi punto de vista, en la descripción de genocidio por las acciones o inacciones del entonces presidente de la República", sostiene.
El magistrado Barroso también ordenó que todos los mineros se retiren de los territorios yanomami, karipuna, kayapó y de otros pueblos indígenas.
El gobierno de Lula ha llamado al Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea a participar en acciones conjuntas para cortar las rutas usadas por grupos de minería ilegal en tierras yanomamis.
La minería y la falta de políticas públicas son señalados como amenazas para los pueblos indígenas.
La Fuerza Aérea brasileña preveía comenzar a implementar este miércoles la restricción del espacio aéreo en esos territorios indígenas.
"La presencia de la minería ilegal es muy fuerte y será detenida", dijo el ministro brasileño de Defensa, José Múcio Monteiro, el martes.
Y anunció que la semana próxima visitará con los comandantes de las Fuerzas Armadas el estado de Roraima, fronterizo con Venezuela y centro de la crisis.
Distintas organizaciones han advertido que la minería ilegal se disparó en la reserva indígena yanomami durante el gobierno de Bolsonaro.
La deforestación vinculada a la minería ilegal en esas tierras aumentó 308% entre octubre de 2018 y diciembre de 2022, cuando alcanzó 1.782 hectáreas de selva, indicó esta semana la organización no gubernamental Instituto Socioambiental en base a mediciones satelitales hechas por los propios yanomamis.
La reserva yanomami alcanza unos 10 millones de hectáreas donde viven cerca de 27.000 indígenas.
Durante su presidencia, Bolsonaro habló varias veces sobre la minería en tierras indígenas y su gobierno propuso un proyecto de ley que haría posible la práctica.
La minería impacta directamente en la salud de la población de distintas maneras, según un informe sobre la situación en la región yanomami.
En marzo de 2022, por ejemplo, el entonces presidente declaró que "los indios quieren internet, quieren explorar sus tierras de forma legal, no sólo para la agricultura, sino también para la minería".
"La Amazonía es una zona muy rica. En Roraima hay una tabla periódica bajo tierra", añadió Bolsonaro.
Santos Junior señala que "los mineros se van apropiando de las zonas, deforestando la selva, invadiendo las unidades básicas de salud".
El Ministerio Público Federal también llevó a cabo operaciones para investigar el desvío de medicamentos en territorio yanomami.
Según el organismo, apenas 30% de los más de 90 tipos de medicamentos que deberían suministrarse se entregaron en 2022.
Los fiscales afirman que el desvío de vermífugos (para infestaciones parasitarias) ha impedido el tratamiento adecuado de 10.000 de los 13.000 niños que viven en esa región.
También hay quejas por la interrupción del suministro de alimentos.
Alisson Marugal, fiscal en Roraima, dijo que el Ministerio de Salud cortó el suministro de alimentos a los indígenas en los puestos de salud estatales en 2020, sin dar explicaciones.
Según un cálculo del gobierno, 570 niños yanomami han muerto en los últimos cuatro años.
El panorama de casos y muertes por desnutrición y paludismo llevó al Ministerio de Salud a decretar la emergencia sanitaria en el territorio yanomami el 21 de enero, ya durante el gobierno de Lula.
Tras visitar Roraima en persona en enero, Lula dijo haber visto un "genocidio" y un "crimen premeditado" contra los yanomamis que tácitamente atribuyó al gobierno de Bolsonaro.
Entre las medidas de emergencia, se anunció el despliegue de profesionales sanitarios y la creación de hospitales de campaña para atender a los pacientes.
Según el secretario de Salud Indígena del ministerio, Ricardo Weibe Tapeba, más de un millar de personas fueron rescatadas de la zona en situación de extrema vulnerabilidad.
Cuando la emergencia sanitaria salió a la luz en los últimos días, el expresidente publicó mensajes en la aplicación de mensajería Telegram refiriéndose al tema.
Bolsonaro calificó la denuncia sobre la crisis yanomami como una "farsa de la izquierda" y dijo que su gobierno realizó 20 acciones de salud entre 2020 y 2022 que llevaron atención especializada dentro de los territorios indígenas, en lugares remotos y de acceso limitado.
Comunidades en la reserva yanomami enfrentan una situación crítica que genera sospechas de genocidio.
Según el expresidente, que se encuentra en Estados Unidos desde el fin de su mandato, más de 449.000 indígenas fueron beneficiados con 60.000 consultas.
Bolsonaro también sostuvo que el gobierno federal envió 971.200 unidades de medicamentos y 586.200 unidades de protección personal, totalizando 1,5 millones de insumos en estas operaciones.
Si bien BBC News Brasil intentó contactar a Bolsonaro a través de asesores, exministros y allegados para que diera una posición respecto a todos los puntos y señalamientos, no recibió respuesta hasta la publicación original de este artículo.
PURANOTICIA // BBC MUNDO
