La diputada Talíria Petrone solicitó a la justicia brasileña que el expresidente regrese a prisión, tras denunciar que utiliza a sus familiares para evadir su aislamiento digital.
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Una nueva ofensiva legal busca que el expresidente de Brasil, Jair Bolsonaro, pierda el beneficio del arresto domiciliario y retorne a un recinto penitenciario.
La diputada Talíria Petrone, representante del Partido Socialismo y Libertad (PSOL), elevó una solicitud formal ante el Tribunal Supremo para que se reconsidere su situación actual, argumentando que el exmandatario ha vulnerado las restricciones que le prohíben el uso de redes sociales y teléfonos móviles.
La denuncia se fundamenta en las recientes actividades de su círculo íntimo. Según la parlamentaria, su hijo Eduardo Bolsonaro grabó contenido durante la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC) en Texas con el fin de enviárselo a su padre. A esto se suma la actividad de la exprimera dama, Michelle Bolsonaro, quien ha compartido rutinas de salud en su canal de YouTube, lo que también podría constituir una infracción a las medidas cautelares impuestas por la justicia.
Para Petrone, estas acciones representan una estrategia deliberada para burlar el control judicial. "La rutina de grabar y difundir la rutina y paradero del recluso a través de intermediarios (esposa e hijo) constituye una clara tergiversación de la sentencia. Se trata de un intento de mantener una presencia pública activa, eludiendo el aislamiento que caracteriza el régimen penitenciario", advirtió la legisladora según consignó el medio G1.
Actualmente, Bolsonaro cumple un periodo de 90 días de arresto domiciliario concedido la semana pasada para facilitar su recuperación médica. El exlíder brasileño estuvo hospitalizado durante 14 días, incluyendo diez jornadas en cuidados intensivos, debido a un cuadro de bronconeumonía bacteriana. No obstante, este beneficio está condicionado al cumplimiento estricto de normas que prohíben el contacto con el exterior, ya sea de forma directa o mediante terceras personas, además del uso obligatorio de una tobillera electrónica.
El historial judicial del expresidente incluye una condena de 27 años de cárcel por su implicación en el intento de golpe de Estado de 2022. Cabe recordar que, a finales de 2025, Bolsonaro ya fue enviado a prisión tras detectarse una manipulación de su dispositivo de geolocalización. Ante los nuevos antecedentes, el magistrado del Supremo e instructor del caso, Alexandre de Moraes, otorgó un plazo de 24 horas a la defensa para que presente sus descargos.
En paralelo, desde Estados Unidos, Eduardo Bolsonaro —quien se encuentra autoexiliado desde febrero de 2025 y es requerido por entorpecer la investigación contra su progenitor— hizo un llamado a la "presión diplomática" internacional. Durante su intervención en la CPAC, acusó al gobierno de Joe Biden de intervenir en los comicios brasileños para favorecer a Luiz Inácio Lula da Silva, a quien calificó como "un socialista que odia América".
"Hay que ejercer presión diplomática para garantizar que nuestras instituciones funcionen correctamente" y "lograr elecciones libres y justas basadas en los valores estadounidenses", manifestó el hijo del exmandatario en el evento conservador.
(Imagen: Luis Nova/Associated Press)
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