La ley busca reconocer a los militares por su labor en la lucha antiterrorista, según afirmó la presidenta Dina Boluarte.
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La presidenta de Perú, Dina Boluarte, promulgó este miércoles una polémica ley de amnistía que beneficia a militares y policías procesados por crímenes de lesa humanidad. La norma busca anular los procesos judiciales y las investigaciones en curso contra las fuerzas del orden por presuntas violaciones de derechos humanos cometidas durante el conflicto armado interno que azotó al país entre 1980 y 2000. La decisión ha generado una ola de críticas de organismos internacionales y defensores de las víctimas.
Durante una ceremonia en el Palacio de Gobierno, Boluarte defendió la ley como un acto de reconocimiento. "Hoy con la promulgación de esta ley de amnistía, el gobierno reconoce a los militares y autodefensas (civiles) que participaron en la lucha" contra el terrorismo y por la defensa de la democracia, afirmó la mandataria. Esta justificación se alinea con la narrativa de las fuerzas políticas que impulsaron la norma en el Congreso, argumentando que los militares combatientes han sido "criminalizados" por su labor.
La promulgación de la ley ha sido condenada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y múltiples organizaciones de derechos humanos, tanto nacionales como internacionales. Estas entidades han advertido que la medida va en contra de las obligaciones internacionales de Perú en materia de justicia y reparación. Según los críticos, la norma crea un marco de impunidad, ya que anula los procesos por delitos que son considerados imprescriptibles y no amnistiables por el derecho internacional.
Organizaciones de víctimas han calificado la ley como un "duro golpe" a la justicia y un intento de borrar la memoria de los miles de muertos y desaparecidos del conflicto, perpetuando así su sufrimiento. La Comisión de la Verdad y Reconciliación, en su informe final, estimó que el conflicto dejó cerca de 70.000 víctimas fatales, en su mayoría civiles, con un alto porcentaje de las muertes atribuido a las fuerzas armadas.
Esta ley fue aprobada por el Congreso, dominado por fuerzas conservadoras y de extrema derecha, y se enmarca en un contexto de tensiones entre el poder ejecutivo y el legislativo. Históricamente, en Perú ha habido varios intentos de promulgar leyes de amnistía para proteger a militares de juicios por violaciones de derechos humanos, siendo la más notoria la de 1995, durante el gobierno de Alberto Fujimori. Aquella ley fue declarada inválida posteriormente por el Tribunal Constitucional y la Corte IDH, sentando un precedente que ahora podría repetirse.
Los analistas políticos señalan que la promulgación de esta ley fortalece la alianza entre el gobierno de Boluarte y las fuerzas conservadoras del Congreso, a costa de ceder en un tema tan sensible como los derechos humanos. La controversia actual pone en duda el compromiso del Estado peruano con la justicia transicional y con las víctimas de uno de los periodos más oscuros de su historia.
PURANOTICIA
