Tras la anulación de su condena por lavado de dinero, el expresidente acusó una "persecución ideológica" en su contra y denunció un trato desigual por parte de los tribunales respecto a las causas por financiamiento irregular que involucraron a la líder de Fuerza Popular.
El expresidente de Perú, Ollanta Humala, cuestionó la actuación de la Justicia peruana tras la anulación de su condena por lavado de dinero vinculado a la financiación irregular de sus campañas electorales, y acusó un trato desigual respecto del caso de Keiko Fujimori, a quien atribuyó haber recibido "aportes ilegales" para su partido.
Humala sostuvo que los tribunales aceptaron los recursos presentados por Fujimori para frenar las imputaciones por lavado de dinero y financiamiento irregular, mientras que a él le rechazaron los mismos argumentos.
Además, aseguró que la líder de Fuerza Popular "sí recibió" dinero, a diferencia de las acusaciones formuladas en su contra.
El exmandatario también insistió en que el proceso judicial en su contra respondió a motivaciones políticas y no únicamente jurídicas.
"En los otros partidos las acusaciones eran por grupos empresariales; en nuestro caso, ha sido una persecución ideológica por nuestra gestión de gobierno", afirmó en una entrevista para un podcast del diario La República.
Humala, quien gobernó Perú entre 2011 y 2016, recuperó su libertad el 1 de agosto, luego de que el Tribunal Constitucional anulara la condena de 15 años de prisión que había recibido en abril de 2025 por lavado de dinero relacionado con el financiamiento de sus campañas presidenciales.
El máximo tribunal peruano acogió el habeas corpus presentado por su defensa al estimar que durante el proceso se vulneraron derechos fundamentales, entre ellos la presunción de inocencia, la falta de delimitación del delito y la aplicación retroactiva de normas penales.
La sentencia también consideró que, al momento de las campañas presidenciales de Humala, la legislación peruana no contemplaba expresamente el financiamiento irregular de campañas ni la receptación patrimonial como modalidades de lavado de dinero.
En paralelo, Keiko Fujimori fue investigada por lavado de dinero, organización criminal, obstrucción a la Justicia y falsificación documental, en una causa vinculada al financiamiento de sus campañas presidenciales de 2011 y 2016, que incluía donaciones por un millón de dólares de la constructora brasileña Odebrecht, además de aportes de otros grupos empresariales peruanos.
La ex candidata presidencial permaneció en prisión preventiva desde octubre de 2018, aunque recuperó la libertad por un fallo del Tribunal Constitucional en noviembre de 2019. Posteriormente, volvió a prisión durante tres meses en 2020 y quedó nuevamente en libertad bajo fianza en el contexto de la pandemia de coronavirus.
Finalmente, la causa contra Fujimori fue archivada, siguiendo parte de los argumentos jurídicos que posteriormente también llevaron a la anulación de la condena contra Humala.
PURANOTICIA