Durante décadas ha habido informes de que la hospitalización se utilizaba en China como una forma de detener a ciudadanos disidentes sin involucrar a los tribunales.
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Cuando Zhang Junjie tenía 17 años decidió protestar frente a su universidad contra las normas impuestas por el gobierno chino. En cuestión de días fue ingresado en un hospital psiquiátrico y tratado por esquizofrenia.
Es una de las decenas de personas identificadas que fueron hospitalizadas tras protestar o quejarse ante las autoridades de su país.
A muchas de las personas se les administraron fármacos antipsicóticos y, en algunos casos, terapia electroconvulsiva (TEC), sin su consentimiento.
Durante décadas ha habido informes de que la hospitalización se utilizaba en China como una forma de detener a ciudadanos disidentes sin involucrar a los tribunales.
Sin embargo, la BBC ha descubierto que un problema que la legislación buscaba resolver ha vuelto a resurgir recientemente.
Zhang dice que el personal del hospital lo sujetó y lo golpeó antes de obligarlo a tomar medicamentos.
Su calvario comenzó en 2022, después de protestar contra las duras políticas de confinamiento de China.
Dice que, en apenas cinco minutos, sus profesores se dieron cuenta y se comunicaron con su padre, quien lo llevó de regreso a la casa familiar.
Cuenta que su padre llamó a la policía el día que cumplió 18 años y, al día siguiente, dos hombres lo llevaron a lo que afirmaron era un centro de pruebas de covid, pero que en realidad era un hospital.
"Los médicos me dijeron que tenía una enfermedad mental muy grave... Luego me ataron a una cama. Las enfermeras y los médicos me dijeron repetidamente que, debido a mis opiniones sobre el partido y el gobierno, debía ser un enfermo mental. Fue aterrador", le dijo al Servicio Mundial de la BBC.
Estuvo allí durante 12 días.
Zhang cree que su padre se sintió obligado a entregarlo a las autoridades porque trabajaba para el gobierno local.
Poco más de un mes después de ser dado de alta, Zhang fue arrestado nuevamente.
En desafío a la prohibición de los fuegos artificiales en el Año Nuevo chino (una medida adoptada para combatir la contaminación del aire), había hecho un video de él mismo encendiéndolos.
Alguien lo subió a internet y la policía logró vincularlo con Zhang.
Zhang fue acusado de "buscar peleas y causar problemas", aseveración que se utiliza con frecuencia para silenciar las críticas al gobierno chino. El joven dice que fue hospitalizado a la fuerza nuevamente durante más de dos meses.
Después de ser dado de alta, a Zhang le recetaron medicamentos antipsicóticos. Pudimos ver la receta: era para aripiprazol, utilizado para tratar la esquizofrenia y el trastorno bipolar.
"Tomar el medicamento me hizo sentir como si mi cerebro fuera un desastre", dice, y agrega que la policía iba a su casa para verificar que lo había tomado.
Por temor a una tercera hospitalización, Zhang decidió abandonar China. Les dijo a sus padres que regresaba a la universidad para empacar su habitación, pero, de hecho, huyó a Nueva Zelanda.
No se despidió de su familia ni de sus amigos.
Zhang es una de las 59 personas que la BBC ha confirmado -ya sea en conversación directa o con sus familiares, o a través de documentos judiciales- que fueron hospitalizadas por motivos de salud mental después de protestar o desafiar a las autoridades.
El hecho ha sido reconocido por el gobierno chino: la Ley de Salud Mental de 2013 del país tenía como objetivo poner fin a este abuso, haciendo ilegal tratar a alguien que no padece una enfermedad mental.
También establece explícitamente que el ingreso psiquiátrico debe ser voluntario a menos que el paciente sea un peligro para sí mismo o para los demás.
No obstante, el número de personas detenidas en hospitales psiquiátricos contra su voluntad ha aumentado recientemente, según le dijo un destacado abogado chino al Servicio Mundial de la BBC.
Huang Xuetao, que participó en la redacción de la ley, culpa de esto al debilitamiento de la sociedad civil y a la falta de controles y contrapesos.
"Me he encontrado con muchos casos como este. La policía quiere poder mientras evita la responsabilidad", apunta. "Cualquiera que conozca las deficiencias de este sistema puede abusar de él".
Un activista llamado Jie Lijian nos dijo que fue tratado por una enfermedad mental sin su consentimiento en 2018.
Jie dice que fue arrestado por asistir a una protesta para exigir mejores salarios en una fábrica.
Explica que la policía lo interrogó durante tres días antes de llevarlo a un hospital psiquiátrico.
Al igual que Zhang, Jie dice que le recetaron medicamentos antipsicóticos que afectaron su pensamiento crítico. Después de una semana en el hospital, se negó a tomar más medicamentos.
Después de pelearse con el personal y de que le dijeran que estaba causando problemas, Jie fue enviado a terapia electroconvulsiva (TEC), un método que consiste en pasar corrientes eléctricas a través del cerebro de un paciente.
"El dolor era de la cabeza a los pies. Sentía que todo mi cuerpo no era mío. Era realmente doloroso. Descargas eléctricas que iban y venían. Me desmayé varias veces. Sentí que me estaba muriendo", relata.
Dice que le dieron el alta después de 52 días. Ahora tiene un trabajo a tiempo parcial en Los Ángeles y está buscando asilo en EE.UU.
En 2019, un año después de cuando Jie afirma que fue hospitalizado, la Asociación de Médicos de China actualizó sus directrices sobre la TEC, estableciendo que solo debería administrarse con consentimiento y bajo anestesia general.
Queríamos saber más sobre la participación de los médicos en esos casos.
Hablar con medios extranjeros como la BBC sin permiso podría causarles problemas, así que nuestra única opción era actuar de forma encubierta.
Concertamos consultas telefónicas con médicos que trabajan en cuatro hospitales que, según nuestras pruebas, están involucrados en hospitalizaciones forzadas.
Utilizamos una historia inventada sobre un pariente que había sido hospitalizado por publicar comentarios antigubernamentales en internet, y preguntamos a cinco médicos si alguna vez se habían encontrado con casos de pacientes enviados por la policía.
Cuatro confirmaron que sí.
"El departamento psiquiátrico tiene un tipo de admisión llamada 'alborotadores'", nos dijo un médico.
Otro médico, del hospital donde estuvo recluido Junjie, parece confirmar su historia de que la policía continuó vigilando a los pacientes una vez que fueron dados de alta.
"La policía te controlará en casa para asegurarse de que tomas tus medicamentos. Si no los tomas, podrías volver a infringir la ley", señalaron.
Nos pusimos en contacto con el hospital en cuestión para pedirle comentarios, pero no nos respondió.
Hemos tenido acceso a los registros médicos del activista por la democracia Song Zaimin, hospitalizado por quinta vez el año pasado, lo que deja claro lo estrechamente vinculadas que parecen estar las opiniones políticas con un diagnóstico psiquiátrico.
"Hoy, estaba... hablando mucho, hablando incoherentemente y criticando al Partido Comunista. Por lo tanto, fue enviado a nuestro hospital para recibir tratamiento hospitalario por parte de la policía, los médicos y el comité de residentes de su localidad. Fue una hospitalización involuntaria", dice el historial.
Le pedimos al profesor Thomas G. Schulze, presidente electo de la Asociación Mundial de Psiquiatría, que revisara estas notas. Él respondió:
"Por lo que se describe aquí, nadie debería ser internado involuntariamente y tratado contra su voluntad. Huele a abuso político".
Entre 2013 y 2017, más de 200 personas denunciaron haber sido hospitalizadas injustamente por las autoridades, según un grupo de periodistas ciudadanos en China que documentaron abusos de la Ley de Salud Mental.
Sus informes terminaron en 2017, porque el fundador del grupo fue arrestado y posteriormente encarcelado.
Para las víctimas que buscan justicia, el sistema legal parece estar en su contra.
Un hombre al que llamamos Sr. Li, que fue hospitalizado en 2023 después de protestar contra la policía local, intentó emprender acciones legales contra las autoridades por su encarcelamiento.
A diferencia de Junjie, los médicos le dijeron a Li que no estaba enfermo, pero la policía contrató a un psiquiatra externo para que lo evaluara. El doctor le diagnosticó trastorno bipolar y retuvieron a Li durante 45 días.
Una vez liberado, decidió impugnar el diagnóstico.
"Si no denuncio a la policía es como si aceptara tener una enfermedad mental. Esto tendrá un gran impacto en mi futuro y en mi libertad porque la policía puede usarlo como una razón para encerrarme en cualquier momento", expone.
En China, los registros de cualquier persona a la que se le haya diagnosticado un trastorno mental grave podrían compartirse con la policía e incluso con los comités de residentes locales.
Pero Li no tuvo éxito: los tribunales rechazaron su apelación.
"Oímos a nuestros líderes hablar sobre el estado de derecho", nos dice. "Nunca imaginamos que un día nos pueden encerrar en un hospital psiquiátrico".
La BBC ha encontrado en la página oficial de decisiones judiciales chinas a 112 personas que, entre 2013 y 2024, intentaron emprender acciones legales contra la policía, los gobiernos locales o los hospitales por este tipo de trato.
Alrededor del 40% de estos demandantes participaron en denuncias contra las autoridades. Sólo dos ganaron sus casos.
Y la página parece estar censurada: otros cinco casos que hemos investigado no aparecen en la base de datos.
El problema es que la policía goza de "considerable discreción" a la hora de tratar con "alborotadores", según Nicola MacBean, de The Rights Practice, una organización de derechos humanos de Londres.
"Enviar a alguien a un hospital psiquiátrico, saltándose los procedimientos, es una herramienta demasiado fácil y demasiado útil para las autoridades locales".
Ahora la atención se centra en el destino de la vlogger Li Yixue, que acusó a un agente de policía de agresión sexual.
Se dice que Li fue hospitalizada recientemente por segunda vez después de que sus publicaciones en las redes sociales sobre esa experiencia se volvieran virales. Se informa de que ahora está bajo vigilancia en un hotel.
Hemos comunicado los resultados de nuestra investigación a la embajada china en Reino Unido.
El año pasado, la embajada dijo que el Partido Comunista Chino "reafirmó" que debe "mejorar los mecanismos" en torno a la ley, que, según subraya, "prohíbe explícitamente la detención ilegal y otros métodos de privar o restringir ilegalmente la libertad personal de los ciudadanos".
PURANOTICIA // BBC MUNDO
