La medida, justificada por una presunta red de desinformación, fue rechazada por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires, que denuncia un intento de silenciar al periodismo crítico.
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En una medida que ha generado fuerte controversia, el Gobierno de Argentina procedió a retirar las credenciales de prensa que habilitan el ingreso a la Casa Rosada y al Congreso de la Nación a diversos medios y profesionales de la comunicación. La determinación oficial se fundamenta en la supuesta participación de estos actores en una campaña de desinformación, de origen mediático y político, que habría buscado menoscabar la figura del presidente Javier Milei durante el transcurso de 2024.
Ante este escenario, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA) manifestó su rechazo a través de las redes sociales, donde denunció que "El Gobierno intenta silenciar al periodismo crítico y no permite el ingreso a varios acreditados". En el mismo comunicado, la organización gremial exigió las garantías necesarias para que los trabajadores de las comunicaciones logren "trabajar con normalidad".
Dentro de la nómina de afectados a quienes se les impidió el paso a la sede del Ejecutivo este lunes, destacan nombres como Liliana Franco (Ámbito Financiero), Jonatan Heguier (El Destape), Tatiana Scorciapino (El Tiempo Argentino) y Fabián Waldman (La Patriada), según la información recogida por el diario Clarín.
Una de las involucradas, Tatiana Scorciapino, relató su experiencia mediante la plataforma X, señalando que "El Gobierno decidió revocar mi acreditación en la Casa Rosada, gestionada por El Tiempo Argentina, sin justificación alguna. La notificación informal me la hizo un custodio de Casa Militar que chequeó mi nombre en una lista y me prohibió la entrada". Pese a la restricción, la periodista enfatizó que no van a "dejar de publicar".
Asimismo, desde El Destape, el cronista Javier Slucki arremetió contra lo que calificó como una "censura" gubernamental hacia su medio. El profesional tildó de "repudiable" el hecho de que se utilice como "excusa" una "investigación sin prueba alguna".
El trasfondo de esta decisión radica en las indagatorias sobre una organización denominada "La Compañía". Dicha investigación surgió tras la filtración de 76 documentos de inteligencia rusos, material al que tuvo acceso un grupo de medios de investigación, entre los que figura el portal argentino 'Filtraleaks'.
Luego de que estos antecedentes tomaran estado público, la Secretaría de Inteligencia de Estado (SIDE) emitió un comunicado la noche del jueves ratificando la operatividad de esta red de desinformación "operada por ciudadanos rusos en suelo argentino". De acuerdo con la SIDE, las pesquisas fueron puestas a disposición de la Justicia Federal y el Ministerio Público Fiscal en octubre de 2025.
Respecto a los objetivos de esta estructura, el organismo de inteligencia precisó en sus canales digitales que "Su propósito era difundir información falsa e influir en la opinión pública argentina en beneficio de intereses geopolíticos extranjeros. La estructura contaba con antecedentes vinculados a operaciones de injerencia internacional y buscaba consolidar redes de influencia dentro del territorio nacional".
PURANOTICIA
